La Fiscalía pide 4 años y medio de prisión para un empresario que estafó a extranjeros

Un fiscal de Granada pide cuatro años y medio de prisión para el dueño de una empresa por estafar a medio centenar de extranjeros, a los que cobró diversas cantidades de dinero (entre 200 y 800 euros) a cambio de garantizarles un contrato de trabajo y regularizar su situación en España. No cumplió ninguna de las promesas y el fiscal le acusa ahora de un delito continuado de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores.

Según el escrito de la Fiscalía, el acusado, entre agosto de 2005 y enero de 2006, utilizó como gancho una empresa de su propiedad que no tenía actividad. Durante ese periodo, "buscaba los lugares frecuentados por personas extranjeras en situación de ilegalidad", a los que hacía "aparentes ofertas de trabajo" y les hacía creer que presentándolas en la Subdelegación de Gobierno le regularizarían su situación en España. Según el fiscal, el acusado tramitó en esos meses hasta 50 solicitudes a nombre de extranjeros, aunque la Fiscalía sólo ha podido localizar a nueve personas, de las que el empresario recibió un total de 4.450 euros. Todas las solicitudes que presentó fueron denegadas o, las que se admitieron en un principio, caducaron después sin que ninguno de los extranjeros consiguiera el trabajo prometido.

"La empresa no realiza actividad alguna, se desentiende de dar de baja a los trabajadores a los que simula contratar y no ha pagado cantidad alguna a la Seguridad Social desde su inicio", sostiene el fiscal en su escrito de acusación.

Entre los nueve casos que ha podido confirmar la Fiscalía, se encuentra el de Serigne Mansour Silla, cuya nacionalidad no especifica el escrito del Ministerio Público, pero que, según el fiscal, entregó al acusado 800 euros a cambio de que le diera de alta en la Seguridad Social. Al poco tiempo le concedieron el permiso de trabajo. Sin embargo, el empresario ni le dio el empleo prometido ni se preocupó de tramitar la baja en la seguridad Social, lo que impedía al inmigrante buscarse otro trabajo. Al final, la autorización de trabajo se declaró extinguida.

Parecido es el caso por el que pasó Dame Leye, quien entregó también 800 euros al acusado.Le concedieron el permiso, pero éste caducó sin que el supuesto empresario cumpliera con su promesa de concederle un puesto de trabajo. El acusado se quedó también supuestamente con los 400 euros que le entregó Anghel Rupea en su nombre y el de su mujer y otros 800 que le dio de parte de cuatro compatriotas; con los 1.350 que le dio el chino Wangbiao Zhu para que le tramitara los permisos de trabajo y residencia de tres de sus paisanos; y con los 200 euros que le entregaron Mohamed Belghali y otra persona que no ha sido identificada, pero que tampoco consiguió ningún empleo.