21 asociaciones piden una reforma constitucional para regular el derecho al voto a los inmigrantes

Hace una semana muchos inmigrantes se acercaron a una urna de mentirijillas y depositaron una papeleta. Varias ciudades andaluzas acogieron simulacros electorales organizados por la plataforma Tod@s iguales, tod@s ciudadan@s para reclamar el derecho al voto para los inmigrantes residentes. 21 asociaciones se han integrado en esta plataforma para reivindicar que se reforme la Constitución, de modo que se vincule el derecho de sufragio a la residencia del inmigrante y no a la existencia de convenios de reciprocidad con sus países de origen.

La propia plataforma da por descontado que su campaña no surtirá efecto para las próximas elecciones municipales de 2007. Pero seguramente en las de 2011 se habrá reconocido el derecho de los inmigrantes a votar, como recomienda la Unión Europea. Casi ningún partido político se ha mostrado en contra de la concesión del derecho de sufragio en los comicios locales a los inmigrantes. Las diferencias estriban en cómo se regulará tal derecho.

Los partidos mayoritarios, PSOE y PP, se inclinan por limitar el voto inmigrante a los provenientes de aquellos países con los que España tiene convenios de reciprocidad, esto es donde los ciudadanos españoles tienen derecho a participar en sus citas electorales (Uruguay, Argentina, Chile y Noruega). Es lo que proclama el artículo 13.2 de la Constitución. Pero la plataforma Tod@s iguales, tod@s ciudadan@s no está de acuerdo. "Contribuiría a crear categorías entre los inmigrantes, los que pueden votar y los que no", advierte Marta Aguilar, portavoz de la plataforma.

Si se aplica lo establecido en la Constitución sin mediar ninguna reforma, "se cerraría la puerta a muchos países con los que no son posibles estos acuerdos" y "permitiría que el Gobierno seleccionara o excluyera a estados en función de sus intereses", esgrime la plataforma.

La propuesta lanzada por las 21 organizaciones andaluzas que se han unido para sacar adelante la campaña Aquí vivo, aquí voto obligaría a modificar el artículo 13.2 de la Constitución, de forma que se regule el derecho al voto vinculado a la residencia del inmigrante y no a la reciprocidad entre estados. Exigen que se equipare su situación a la de los extranjeros comunitarios residentes en España, que pueden votar y ser elegidos en los comicios locales.

Precisamente para conceder este derecho a los europeos de países comunitarios, las Cortes Generales reformaron este artículo de acuerdo con el espíritu del Tratado de la Unión Europea. La modificación constitucional entró en vigor en agosto de 1992.

Esta petición figura en las mociones que la plataforma quiere llevar al Parlamento, diputaciones y ayuntamientos andaluces. "Dicho requisito de reciprocidad es tacaño y restrictivo, dado que los derechos no son materia de canjeo ni cambalache; no pueden ser un doy si me das", plantean en el texto de las mociones. La plataforma, según Marta Aguilar, ha comenzado a negociar con algunas instituciones de Sevilla y Córdoba para tratar de canalizar la iniciativa a través de algún grupo político que pueda defenderla en pleno. En Andalucía, Izquierda Unida se ha mostrado como la formación más cercana a las demandas de la plataforma.

Las asociaciones consideran que el derecho al voto constituye la herramienta más eficaz para favorecer la integración de los inmigrantes. "Mantener realidades de exclusión legal y social pondría en peligro la convivencia y la paz", alertan. En Andalucía residen, según sus datos, unos 195.000 inmigrantes con permiso de residencia, de los cuales la mayoría cotizan a la Seguridad Social y pagan impuestos municipales. En 18 localidades de Málaga y Almería, el porcentaje de extranjeros sobrepasa el 20% de la población.