Nueva denuncia por enajenación de bienes públicos de Marbella

El presidente de la comisión gestora del Ayuntamiento de Marbella, Diego Martín Reyes, presentó ayer una denuncia por la enajenación de bienes municipales a favor de la empresa Fergocon SA por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en abril de 2002, cuando Julián Muñoz era alcalde de la ciudad. Martín Reyes denunció dicha enajenación ante el juzgado de guardia tras conocer que un inmueble de titularidad municipal situado en la calle Ortiz de Molinillo y valorado en casi 530.000 euros iba a ser vendido.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento informaron de que dicho inmueble había sido adjudicado junto a otros terrenos en febrero de 2002 a la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella SL por un decreto de Alcaldía, así como de que el valor de las fincas superaba los 2,7 millones de euros.

Los hechos se remontan a abril de 2002, cuando se firmó la escritura de dación en pago de deuda entre la empresa pública y Fergocon por una deuda de 1.980.000 euros, unas actuaciones que, según los servicios jurídicos del consistorio, "representan una clara desviación de los procedimientos que la ley establece para la transmisión de bienes patrimoniales".

Precio inferior

De este modo, la enajenación se produjo a un precio menor respecto al valor real de dichos bienes, según aclaró ayer la gestora en un comunicado, donde destaca que el secretario municipal, Leopoldo Barrantes, "no pusiese reparo alguno" al decreto del alcalde que adjudicaba los inmuebles a una sociedad mercantil "por precio inferior al que resulta de su valor". Barrantes está imputado en el caso Malaya por tráfico de influencias y prevaricación, y actualmente se encuentra jubilado. El Ayuntamiento dejó de percibir en la operación alrededor de 720.000 euros, según los servicios jurídicos.

En la denuncia se recoge que la labor de "regularización" desarrollada por la gestora "sin duda ha puesto sobre aviso a los beneficiados de este presunto expolio, que se han apresurado a poner a la venta las fincas adquiridas". Martín Reyes explicó ayer que la gestora investigó la venta del inmueble a partir de denuncias de los propios funcionarios municipales. "La operación se saltó todos los procedimientos posibles", resumió Martín Reyes. La venta tiene "la intención más que probable de realizar ilegítimas ganancias e introducir en el proceso de transmisiones a un supuesto tercero de buena fe, consumando así el perjuicio patrimonial producido y el lucro pretendido", añadió.