La ley que da cobertura jurídica a los alcaldes contra el 'botellón' entrará en vigor en un mes

El Parlamento andaluz aprobó ayer la llamada ley antibotellón -que prohíbe la concentración de personas consumiendo bebidas en zonas distintas a las establecidas por cada ayuntamiento- con el único apoyo del PSOE, la abstención del PP y el rechazo de IU y PA. En un mes entrará en vigor. Frente a las críticas de los portavoces acerca del carácter represivo de la norma, la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, recordó que fueron los alcaldes de "todos los partidos" quienes la pidieron, porque "media Andalucía no puede divertirse a costa de la otra media"

Pese al tiempo que esta ley antibotellón ha estado en periodo de discusión y consulta, pese a la multitud de opiniones que se han recabado, pese a los estudios y encuestas que se han hecho, y sobre todo, pese a la demanda social, al final sólo el PSOE otorgó su voto afirmativo. Los populares no llegaron a pronunciarse en contra (optaron por la abstención), pero dedicaron desde la tribuna de oradores todo tipo de calificativos adversos. El PA la tildó de "represiva y desproporcionada" e Izquierda Unida avisó incluso de que su formación llamará a la desobediencia civil de esta norma "inútil".

La ley antibotellón -que se llama en realidad de Potestades Administrativas en Materia de Actividades y Ocio en Espacios Abiertos- otorga cobertura legal a los ayuntamientos para regular el ocio en la calle mediante la prohibición de concentraciones en la vía pública en las que se beba, salvo en las zonas establecidas por los propios ayuntamientos. Esto quiere decir que en un mes (cuando entre en vigor la ley) las policías locales podrán ya intervenir las bebidas del botellón, clausurar temporalmente los establecimientos infractores y precintar vehículos de venta ambulante.

En un rápido discurso final, la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, recordó que la Junta asumió la responsabilidad de elaborar la ley porque lo demandaron los alcaldes de "todos los partidos" en la Mesa de Concertación Local el pasado 18 de julio. Dijo que, de ningún modo, la norma pretende suplantar las políticas de prevención del alcoholismo, de educación, salud o seguridad vial, sino complementar, de manera que sea posible compatibilizar el derecho al ocio con el derecho al descanso en el propio domicilio. "Media Andalucía no puede divertirse a costa de la otra media", sentenció.

Ampliación

La ley afecta tanto a las actividades de los ciudadanos como a la de las empresas durante todo el año, con la excepción de fiestas, ferias, verbenas y actos religiosos. Su ámbito de actuación se ha ampliado y, además de prohibir el consumo de bebidas en concentraciones, también permitirá a las policías locales actuar contra aquellas personas que estén realizando actividades que atenten contra la convivencia. Por lo que respecta en los ciudadanos, se protegen en especial las zonas contiguas a centros sanitarios y aledaños, y se prohíbe expresamente orinar y defecar en la vía pública, así como el abandono de envases y residuos.

En cuanto a las empresas, la ley rechaza tajantemente la venta de bebidas para el consumo al aire libre, ya sea directa o por encargo, televenta o mensajería. Los establecimientos que vendan alcohol fuera de horario, o para consumo más allá de su recinto, serán igualmente multados. Durante el debate, se aprobó una enmienda transaccional del PSOE a una propuesta del PA por la que se prohibirá de forma expresa el consumo de alcohol a menores de 18 años en la calle, aunque esta norma está implícita en la Ley de Drogas andaluza.

En la fase de discusión parlamentaria las sanciones leves se han rebajado de 600 euros a 300 para las infracciones cometidas por los ciudadanos, mientras que paras las empresas la sanción máxima se ha bajado de 600.000 euros a 60.000. Los adultos con menores a su cargo serás responsables solidarios del pago de las multas, que podrá conmutarse (previo consentimiento del menor) por trabajos sociales durante un periodo máximo de 30 días. Los ayuntamientos tendrán capacidad para suspender temporalmente las licencias a los establecimientos, imponer fianzas, cerrar por cinco años o revocar de forma definitiva la autorización municipal.

Naranjo mencionó los estudios que ha realizado su consejería antes de elaborar la ley, que apuntan que ocho de cada diez personas que realizan botellones están a favor de que se habilite zonas específicas. Estos trabajos también señalan que quienes participan en las concentraciones son jóvenes de entre 17 y 24 años y que el 90% se desplaza después a bares, pubs y discotecas a seguir la diversión hasta bien entrada la mañana.

Durante la discusión parlamentaria de ayer, la futura normativa únicamente recibió descalificativos de boca de los portavoces de la oposición. La del PP, Arantxa Martín, acusó a la Junta de querer echar el problema a los ayuntamientos, pero "sin soltarles un duro" y aseguró que la ley no gusta a nadie. "Estamos ante una mala ley, una ley electoralista, trampa, que es aprobada de mala forma y con prisas para echar toda la responsabilidad a los ayuntamientos", señaló. Sin embargo, su grupo no votó en contra, como le había retado en su turno el portavoz socialista, Eduardo Bohórquez, en un envite cargado de retintín: "Si es tan mala, voten en contra, sean valientes, a ver quién va a ganar entonces las próximas elecciones municipales".

El socialista reprochó a los populares su doble discurso y recordó que fueron los alcaldes del PP los que pidieron con más énfasis cobertura legal contra el botellón. "La ley va a proteger a miles de vecinos que están afectados por este fenómeno. Se acabaron las excusas", espetó.

Pilar González, portavoz del PA, dijo que la ley es "represiva al prohibir por prohibir sin ofrecer alternativas" y José Manuel Mariscal (IU), lamentó la "crimina-lización" de los jóvenes, por lo que llamó a la desobediencia civil.

En la primera semana de curso universitario, ciudades como Sevilla y Granada -que compiten por su capacidad de convocatoria- han celebrado ya dos grandes botellones.