Porto asesoró desde su despacho oficial un trabajo privado en Cáceres

Enrique Porto siguió asesorando desde su despacho oficial de director general de Urbanismo un plan urbanístico en Cáceres capital -gobernada por el PP- que le fue adjudicado antes de su nombramiento. Así lo acredita un fax enviado desde su dirección en febrero pasado en el que da instrucciones sobre una parcela cuyo descomunal aumento de edificabilidad ha causado la dimisión de un edil del PP, que habla de ilegalidad. Por otro lado, la consultora Plarquin tenía asegurado a Porto durante su mandato como "arquitecto colaborador", pese a su declarada desvinculación de ella cuando tomó posesión.

Porto pasó a figurar en marzo de 2004 en un seguro de Plarquin como "socio colaborador"

Diferentes documentos en poder de este diario apuntan a que Porto, en contra de lo manifestado por él y asumido por el Gobierno de Esperanza Aguirre, nunca se desvinculó de su actividad privada ni de su consultora Plarquin tras ser nombrado director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid en diciembre de 2003.

Existe una primera e insólita evidencia: un fax enviado por Porto desde la Dirección General de Urbanismo el pasado 13 de febrero, con el siguiente mensaje: "Por indicación de don Enrique Porto, te envío la siguiente documentación". El fax lleva el sello de la Dirección General de Urbanismo, y deja como teléfonos de contacto los del despacho oficial, así como su número de fax. Va enviado a Antonio Pimenta, de Prointec, firma que contrató en enero de 2003 los servicios de Porto como uno de los arquitectos que realizaría la revisión del plan general de Cáceres, cuyo alcalde es José María Saponi (PP).

El fax de Porto va referido a una finca del casco urbano cacereño de unos 11.000 metros cuadrados donde existía un colegio de las monjas carmelitas. En función del nuevo plan, la superficie edificable en dicho suelo pasaría de 7.910 metros cuadrados a 60.500, con inclusión de un colegio, pero en su mayor parte destinados a la construcción de un gran centro comercial, y uso terciario y residencial. Tal revisión se ha producido por un convenio cuya legalidad cuestionan sus detractores. Y sobre dicha parcela el director de Urbanismo de Madrid asesora en cuatro folios a sus compañeros de equipo redactor en febrero de 2006.

El alto cargo de Aguirre apunta a Prointec cuáles pueden ser los límites o los volúmenes de edificabilidad, la reserva para dotaciones públicas, la cesión de terrenos para dotaciones y participación en las plusvalías, y la "monetización" de las cesiones. Para ello compara la normativa extremeña con la madrileña.

Esta operación ha sido tan polémica que ha costado la dimisión, ayer, de un edil cacereño del PP, Manuel Rodríguez Cancho, por creer que "roza la ilicitud y la ilegalidad", y que la compensación por multiplicar su

edificabilidad -unos 2,5 millones de euros- "es escasa para la repercusión que la obra tendrá en la zona". Este expediente, la parcela de las carmelitas, vio frustrada su aprobación por la comisión municipal de Urbanismo ayer.

Quedó en la mesa con los votos en contra de dos concejales del PSOE, uno de IU y del propio Cancho (PP), que votó en contra de su partido. La portavoz socialista en dicho municipio, Carmen Heras, ha pedido toda la documentación del Ayuntamiento sobre la intervención de Porto porque sostiene que "si está cuestionado el que ha sido responsable del nuevo plan de general de Urbanismo de Cáceres, el plan está cuestionado". Heras argumenta que si Porto ha dimitido por beneficiarse de operaciones urbanísticas en la Comunidad de Madrid, el plan de Cáceres "puede estar contaminado".

Esta edil reparó meses atrás en que Porto, nombrado en diciembre de 2003, seguía figurando en la redacción del plan e incluso en febrero de 2004 acudió a una conferencia sobre el mismo.

Existe un segundo documento que apunta que Porto mantuvo su actividad privada tras su nombramiento como director de Urbanismo de Esperanza Aguirre. El 18 de febrero de 2004, la aseguradora Dual International, en nombre de Lloyd's, le recuerda a Plarquin -firma que teóricamente ha abandonado Porto tras su nombramiento en diciembre de 2003- que su cobertura de responsabilidad civil profesional cubre las actividades de los "arquitectos socios": Enrique Porto Rey; su esposa, Pilar Fernández González, y su socio, José María Fernández del Río.

El 5 de marzo de 2004, dicha aseguradora comunica a Plarquin que ha cambiado la póliza conforme a las instrucciones recibidas un mes antes de dicha consultora.

El cambio operado en la cobertura de los servicios profesionales de sus arquitectos es muy significativo: Porto ya no es asegurado como socio, sino como colaborador. "Queda cubierta la actividad profesional al servicio de la sociedad de los arquitectos colaboradores de la misma, Enrique Porto y Miguel Ángel García Horcajada, y excluida toda su actividad fuera de dicha sociedad". No se trata de garantizar con la póliza pasados trabajos profesionales de Porto dentro de la sociedad, ya que hasta febrero de 2004 estuvo cubierto como "arquitecto socio", sino las que desempeñe en adelante como "arquitecto colaborador".

Y tampoco cabe colegir que la cobertura del seguro se refiera a las actividades profesionales realizadas por Porto en el pasado a título individual. La póliza es tajante: "Quedan excluidas las reclamaciones que se puedan presentar contra los tres arquitectos socios de la sociedad y de los arquitectos colaboradores [Porto] por sus actuaciones profesionales realizadas con anterioridad a la fecha de actividad de la citada sociedad 1/6/2000".

Porto se autoaplica esa fórmula de arquitecto colaborador de Plarquin para intentar fortalecer la apariencia de desmarque de ella que ha intentado plasmar con la venta de sus acciones en dicha firma tras su nombramiento como director general de Urbanismo. Ocurre que dicha venta de su paquete accionarial recae en personas con las que sigue manteniendo vínculos societarios a través de varias inmobiliarias. Y sucede que Plarquin le factura cada mes cerca de 6.000 euros por alquiler a una de sus inmobiliarias, Fernández y Porto.