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La trama del ácido bórico

La juez rechaza la petición de la fiscal de suspender los interrogatorios de los peritos

Gallego rehusó citar como imputados a los técnicos y eludió leer los papeles de Garzón

La juez Gemma Gallego, del juzgado 35 de la plaza de Castilla, parecía tener ayer mucha prisa por interrogar a dos de los tres peritos que vincularon a ETA con la matanza del 11-M. La fiscal del caso le pidió que suspendiese la declaración de estos policías para poder leer antes el atestado -unos 300 folios- que le ha enviado el juez Garzón sobre el caso del ácido bórico. Gallego, candidata de la Asociación Profesional de la Magistratura para el próximo Consejo General del Poder Judicial, rechazó la petición de la fiscal y rehusó aplazar los interrogatorios.

La juez Gallego ha abierto diligencias, que ha declarado secretas, en relación con la denuncia por supuesta falsedad en documentos oficiales presentada por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, patrocinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperaza Aguirre (PP), y la ultraconservadora Plataforma España y Libertad. Esta denuncia está dirigida contra los superiores jerárquicos de los policías peritos que vincularon a ETA con el 11-M basándose en que en la casa de un islamista investigado por terrorismo se encontró ácido bórico; es decir, un insecticida matacucarachas que, según precisaban en el mismo informe, también fue hallado en 2001, cuatro años antes, en el piso de uno de los etarras detenidos en Salamanca y de un antisistema detenido en Madrid.

"Sin constancia oficial"

La juez Gallego recibió ayer las diligencias que ha efectuado Garzón, en las que este magistrado imputa un delito de falsedad, no a los jefes de los peritos, sino a éstos. Le atribuye que han intentado colar a sus jefes como oficial un borrador de informe que tenían en un ordenador desde marzo de 2005.

La juez recibió ayer las diligencias de Garzón. Pero ella ya tenía citados para este mismo viernes, en calidad de testigos -Garzón los ha imputado- a dos de los tres peritos: Manuel Escribano y Isabel López. La fiscal pidió a Gallego que aplazara o suspendiera los interrogatorios para instruirse sobre el atestado enviado por Garzón y poder valorar su contenido. Gallego dijo que no.

Según fuentes jurídicas, la juez argumentó que, aunque el atestado de Garzón ya estaba en su juzgado, nadie le había dado cuentas de forma oficial de su recepción y que, por tanto, no lo daba por recibido. En vista de ello, la fiscal demandó que, al menos, y dado que era público y notorio que Garzón había imputado a los peritos, que éstos fuesen interrogados como imputados, acompañados de abogado, y no como testigos (sin abogado). De esa forma, según la fiscal, se les garantizaban sus derechos.

A la fiscal no le convenció el argumento de la juez y le entregó una copia del auto del juez Garzón en el que éste imputa por falsedad a los tres peritos. La juez también rehusó leerlo alegando que era una copia y no tenía constancia oficial del mismo. A continuación, comenzó a interrogar a Escribano, autor material del borrador. Escribano fue quien redactó el polémico informe en el ordenador y luego se lo pasó a sus colegas para que lo firmasen.

Los dos peritos que declararon ayer coincidieron en sus testimonios. Quien más se extendió fue Escribano. Señaló que redactó el informe original [el que supuestamente luego fue falsificado por sus superiores] junto con otro de los peritos y que luego lo firmaron los tres. Tras firmarlo, se despreocupó del mismo y lo dejó en la mesa de su jefe, Francisco Ramírez. Y que éste, dos o tres días después, comentó a Escribano que retirase las observaciones que hacía en él acerca de ETA. Ramírez declaró que le dijo que él no cambiaba nada y que entonces se olvidó del asunto. Añadió que en julio pasado, José Andradas, otro de sus jefes, le comentó que recopilase y le entregara todos los informes que hubiese hecho sobre el 11-M. Confesó que buscó todos los informes y fue cuando vio que uno de ellos no era el mismo que había hecho en marzo de 2005. Por ese motivo, fue al ordenador y sacó la copia que guardaba allí y en la que constaban las observaciones sobre ETA y el 11-M.

Escribano admitió que, como esa copia no estaba firmada, la imprimió, la firmó y se la pasó a los otros dos peritos para que hicieran lo mismo. Escribano declaró también que en todo el tiempo que lleva como perito nunca sus superiores le han visado sus informes. La otra perito, Isabel López, coincidió a grandes rasgos con Escribano. Comentó que sus compañeros le dieron a firmar en julio pasado el segundo informe extraído del ordenador y que ella se limitó a firmarlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de octubre de 2006