PP y PSPV rechazan la moratoria sobre suelo no urbanizable que pedía EU

Todas las propuestas de resolución presentadas por los grupos de la oposición tras el pleno de política general fueron rechazadas ayer por el PP, que sólo aceptó transaccionar una de los socialistas. Las 23 propuestas del PP fueron aprobadas. Los dos grupos mayoritarios rechazaron una de Esquerra Unida-L'Entesa que pedía una moratoria urbanística para los proyectos urbanísticos que incluyan una reclasificación de suelo no urbanizable. Los populares rechazaron publicar las listas de espera sanitarias y crear un registro de bienes de cargos públicos.

El Consell impulsará una auditoría en la red de Ferrocarrils de la Generalitat

La propuesta de EU-L'Entesa planteaba que la Generalitat "adopte medidas muy restrictivas en lo referente a la aprobación de aquellos instrumentos de planificación urbanística que impliquen grandes incrementos de la población de un determinado municipio en un corto periodo de tiempo". La medida propuesta afectaría a todos aquellos proyectos urbanísticos que incluyan una recalificación de suelo no urbanizable y que se proyecten separados físicamente de los núcleos históricos de los municipios.

El popular Fernando Modrego dijo que la propuesta defiende "conceptos ya superados" en la legislación española "desde hace mucho tiempo". Y el diputado verde de EU-L'Entesa Carles Arnal atribuyó la negativa de los populares a su "compromiso con los más especuladores" y con un modelo urbanístico "insostenible, inviable y depredador del territorio" que "da dinero a muchos amigos y conocidos del PP". Los socialistas no intervinieron en el debate de esta propuesta y, llegado el momento de las votaciones, se sumaron a la postura del PP.

La única propuesta de la oposición que salió adelante, si bien tras negociar una transaccional, fue la que pedía una auditoría independiente de la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Los populares propusieron que la auditoría se hiciera extensiva a todas las líneas ferroviarias que discurren por la Comunidad Valenciana.

El debate del bloque de propuestas que incluía la que fue objeto de transacción abrió la sesión de ayer en las Cortes. Y algunas de las propuestas del PSPV que había en esa agrupación generaron un enfrentamiento dialéctico entre los portavoces que intervinieron, el popular Ricardo Costa y el socialista Andrés Perelló. Especialmente la que reclamaba la creación de un registro público de la renta y el patrimonio de todos los altos cargos de la Generalitat. Perelló indicó que su propuesta pretendía "abrir ventanas y puertas" y "encender luces y farolas" para que "en las calles de la Administración no quede la más mínima sombra donde los delincuentes públicos puedan campar a sus anchas". En su réplica, Costa afirmó que "no se puede poner en tela de juicio la diligencia y honorabilidad de los altos cargos de una Administración" y le dijo a Perelló que si conoce a algún delincuente público debe ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Además, recordó que los altos cargos ya "tienen la obligación de registrar no sólo sus actividades, sino sus bienes", y de ponerlos a disposición de las Cortes Valencianas.

El portavoz socialista aseguró que si se hubiera publicado el patrimonio del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, éste "no tendría problemas para saber por qué le han ingresado 50 millones en su cuenta corriente". Y añadió que si le llama algún juzgado "para declarar sobre algún tipo de corrupción o sobre algún delincuente" lo hará y no alegará "amnesia" como, según dijo, "hizo usted cuando tuvo que informar sobre el señor Fabra en un juzgado". El popular le replicó que mientras él ha ido a declarar al juzgado y ha dado explicaciones, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, no ha explicado "qué es eso de pasar la bandeja en Orihuela".

El PP rechazó la oferta de los socialistas de transaccionar una de sus propuestas, que insta al Gobierno a actualizar las variables del modelo de financiación autonómica, entre otras cosas para que tenga en cuenta el efecto del aumento de población en el incremento del déficit. Los socialistas propusieron crear una comisión de estudio que analice los recursos existentes y las necesidades futuras para consensuar una plataforma de mínimos para negociar. "Para eso negocio directamente con Solbes", dijo el consejero de Economía, Gerardo Camps.