El colectivo que denunció Catral al juez acusa al Consell de dejación de funciones

La entidad que llevó al juez las casas ilegales en la huerta de Catral acusó ayer al Consell de dejación de funciones. El presidente del colectivo, Honorio Fernández, aseguró que en 2004, antes de ir al juzgado, denunció los hechos ante la Dirección Territorial de Urbanismo de Alicante. El Consell suspendió el martes las competencias urbanística de Catral, en manos del PSPV. Mientras, la secretaria autonómica de Territorio, Cristina Serrano, ha rechazado que los técnicos de la consejería hayan registrado el Consistorio, como se indicó desde ese departamento.

"Denuncié los hechos en la consejería varias veces, pero nunca me hicieron caso"

La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU) denunció las casas ilegales en la huerta de Catral en agosto de 2004. El caso lo instruye el juzgado número 5 de Orihuela. Entre las diligencias previas, acordadas en diciembre de ese año, el juez pidió un informe al Seprona, remitió un oficio a la consejería para que informara si tenía conocimiento o había autorizado las construcciones en suelo no urbanizable y, además, reclamó al Consistorio de Catral el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El presidente de AECU extendió ayer la responsabilidad sobre las construcciones ilegales, a parte de al alcalde, al Consell y también aseguró que los promotores han "actuado en connivencia con arquitectos y notarios", puntualizó Fernández.

Respecto a la responsabilidad del Consell, Fernández aportó documentos remitidos al jefe territorial de Urbanismo denunciando los hechos y a la Consejería de Agricultura. El primer documento fue presentado el 29 de julio de 2004. En el escrito, AECU solicitaba conocer "si la consejería puede hacer algo eficaz, subrogarse o no". La notificación a la Consejería de Agricultura fue remitida el 1 de enero de 2005. El director territorial contestó que el caso no era de su "competencia".

"Aparte de estas notificaciones por escrito, personalmente he ido en varias ocasiones a informar y a denunciar los hechos a la Consejería de Territorio y Vivienda, y nunca me hicieron caso", afirmó Fernández.

Por otra parte, la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente desmintió ayer que los técnicos de la consejería hayan realizado registros en el Consistorio de Catral, como inicialmente se apuntó desde el departamento que dirige el consejero Esteban González Pons. "Son totalmente falsas las informaciones publicadas en algún medio de comunicación que aseguran que funcionarios de Territorio y Vivienda han registrado el Ayuntamiento de Catral", afirma Serrano en una nota oficial.

En el comunicado, la secretaria autonómica explica que los técnicos no han realizado ningún registro, tal y como desde la propia consejería se apuntó inicialmente. Fuentes del Ejecutivo bromearon incluso con la posibilidad de que el propio González Pons precintase los despachos municipales.

Serrano explicó que los técnicos de la consejería "se han desplazado hasta Catral para reunirse con los funcionarios municipales con el objetivo de presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento la documentación complementaria a la resolución notificada [la suspensión de las normas urbanísticas]". Serrano dijo que otro objetivo de la reunión es establecer un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento para que éste aporte toda la documentación (relación de expedientes, licencias, etc.).

Por su parte, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, afirmó ayer que la Consejería de Territorio impone las sanciones correspondientes según la "intensidad" de las irregularidades o infracciones urbanísticas de cada caso. Rambla confió que no sea necesario adoptar nuevas medidas como la adoptada en Catral.