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Columna
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El peligro de las personas normales

Soledad Gallego-Díaz

En la novela Les bienveillantes, de Jonathan Littell, probablemente la obra literaria que mayor interés y debate está despertando estos días en Francia y Alemania, se lee una frase que está referida a la Europa de los años 40, pero que tiene seguramente una clara vocación universal: las calles, escribe Littell, están llenas de psicópatas y de sádicos, pero son inofensivos. El verdadero peligro está en las personas normales. Y ciertamente son personas normales las que hoy día están promoviendo una brutal regresión en derechos individuales penosamente adquiridos y somos personas normales las que estamos aceptando cosas asombrosas en nuestros respectivos ámbitos.

Por ejemplo, en España las personas normales estamos aceptando que el peor atentado de nuestra historia, el ataque que nos conmocionó y nos conmovió, las horas que nos dejaron sin aliento hace menos de tres años, se conviertan hoy, simplemente, en un elemento más de la lucha política y de la estrategia de grupos mediáticos para asentar su influencia. Y son personas normales las que están utilizando el atentado del 11-M en su propio interés, con total banalidad, como si fuera algo trivial y normal. No lo es. No es banal lo que sucedió aquel día ni es banal utilizarlo, en ningún sentido. Es una vergüenza. Discutan y peléense en otras cosas, que las hay. Pero el 11-M no es un estercolero en el que revolcarse.

Lo que necesitamos los ciudadanos es que se llegue en cuanto sea posible al juicio oral, se establezcan judicialmente los hechos, con claridad, y se fije en una sentencia la responsabilidad y el castigo de los culpables. Y no será banal, ni aceptable, ni soportable que en ese mismo momento se empiece, otra vez, una operación destinada a poner en duda la sentencia, tal y como se está intentando poner en duda la instrucción.

Es asombroso y está mal que personas normales en este país estén promoviendo un retraso en el juicio del 11-M, simplemente por cuestiones de interés electoral. Esta mal, (incluso a algunos nos puede parecer asqueroso), en el caso del PP y de los medios de comunicación que lo están haciendo, con todo descaro, pero, al menos, en estos dos capítulos los ciudadanos pueden, finalmente, valorar lo que dicen unos y otros y decidir, en consecuencia, lo que más se ajuste a su propio criterio. En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los ciudadanos estamos inermes.

Contra lo que algunos creen, el CGPJ es una de las instituciones encargadas en este país de hacer política. Pero de hacer política judicial. Ese es su único encargo constitucional. No están autorizados a participar en la lucha electoral ni en la lucha política de los partidos. Lamentablemente, hay poca evidencia de ese funcionamiento autónomo de sus vocales. A lo largo de los años se han cruzado bastantes líneas rojas: pero nada de lo ocurrido hasta ahora sería comparable al daño que puede provocar el que los ciudadanos percibamos escasa independencia del gobierno de los jueces nada menos que en lo relacionado con el atentado del 11-M.

El sector conservador del Consejo no puede cruzar, con normalidad, otra línea "anormal". El gobierno de los jueces no puede sumarse impunemente a una operación para fomentar la imprudente desconfianza de los ciudadanos en la instrucción judicial de este caso. Por supuesto que se puede criticar determinadas actuaciones de los jueces, incluido del juez Baltasar Garzón. Por supuesto que se les puede censurar, incluso de manera desmesurada. Pero el colmo del disparate sería que fuera el propio CGPJ el que alentara esa desmesura o las acusaciones sin base contra sus propios miembros, como ha hecho el vocal José Luis Requero. El colmo del disparate de esta historia sería que el CGPJ, o una parte del mismo, se alíe con quienes quieren instalar en la mente de los ciudadanos la insidia sobre el trabajo de los jueces y con quienes quieren retrasar el juicio del 11-M por motivos de interés electoral. El colmo es que todo esto lo están haciendo personas perfectamente normales.

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