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La Junta tramita el regreso a Marruecos de 670 menores acogidos en centros de Andalucía

Lourdes Lucio

La Consejería de Gobernación tiene abiertos 670 expedientes para el regreso a Marruecos con sus familias de otros tantos menores acogidos en centros de intervención de la Junta de Andalucía. Por el momento, ninguno se ha resuelto.

Estos datos fueron ofrecidos ayer por la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, tras reunirse con la comisión ejecutiva regional del PSOE andaluz en la que se abordó de manera monográfica el tema de la inmigración. Los socialistas no quieren que este asunto se convierta en un arma arrojadiza en la campaña de las elecciones municipales, sobre todo en aquellos lugares donde hay una importante presencia de población extranjera. Para los socialistas esta situación requiere un pacto de Estado, la colaboración de todas las administraciones y la ayuda de la Unión Europea.

Naranjo descartó pedir un trato similar al que ha reclamado Canarias al Gobierno de la nación para atender a los inmigrantes ya que sería "un sinsentido". La consejera recordó que la llegada de inmigrantes a Andalucía "no es de este verano", sino de hace 12 años. También desechó la posibilidad de solicitar que otras comunidades acojan a menores internados en centros de la Junta.

Según Naranjo, estos centros, donde viven un millar de personas, se encuentran "al límite de su capacidad". Lo que la Junta ha puesto en marcha para resolver estas situaciones individualmente es hablar con las familias de los menores inmigrantes -el 99% de ellos de Marruecos-, los Gobiernos español y marroquí y la Fiscalía de Menores, encargada de velar por los derechos de los jóvenes. "No son niños de la calle, ni abandonados, sino que dejan atrás a una familia asentada", señaló la responsable de Gobernación. Ninguno de los 670 expedientes de reagrupamiento familiar abiertos por la Junta se ha resuelto. La consejera destacó la complejidad de este proceso ya que a la Administración autonómica le compete la tutela y control de los menores; a los Gobiernos, las repatriaciones; y a la Fiscalía de Menores, la autorización del retorno de los menores inmigrantes con sus familias siempre se que den todas las garantías.

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