"Hay inmigrantes con documentación adecuada que no se han normalizado"

José Chamizo (Cádiz, 1949), defensor del pueblo andaluz, es claro: casos como el descubierto en Huelva recientemente, de venta de documentos a inmigrantes a cambio de dinero o sexo, podrían evitarse si se agilizasen los trámites que deben seguir los inmigrantes para regularizar su situación. Chamizo ha presentado esta semana el informe anual de su Oficina en el Parlamento, que refleja un aumento de las denuncias de los inmigrantes.

Pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno para evitar casos como el de Huelva?

Respuesta. Lo primero es hacer una investigación a fondo. También la Policía y la Justicia. Es un tema lamentable, pero hay que mantener siempre la presunción de inocencia hasta que las personas sean juzgadas y, en su caso, condenadas. Son temas que crean una alarma muy grande entre el colectivo de inmigrantes y que hace que la gente piense que casos así se pueden generalizar, o que se puede hablar de una discriminación hacia ellos generalizada, lo cual no siempre es así.

"Hay comunidades que se están jugando el tipo porque están haciendo repatriaciones ilegales y van a tener que intervenir los fiscales"

"Han aumentado mucho las quejas sobre medio ambiente, pero eso también quiere decir que hay más conciencia al respecto"

P. ¿Puede ser la trama de Huelva la punta del iceberg de un fenómeno más amplio?

R. Yo creo que no. Se puede dar un caso, pero hay mecanismos suficientes como para detectar, antes o después, si hay algún tipo de abuso o de privilegio. Ya ha habido varios casos en el territorio nacional, casos que hemos sabido y que han provocado que hoy mucha gente esté fuera de la carrera administrativa.

P. ¿Y cree que los mecanismos de control de la Administración funcionan?

R. Deben funcionar. Otra cosa es si funcionan pronto o con retraso. Porque, al final, todo empieza habitualmente con un rumor. Yo he conocido muchísimos en todas las oficinas de extranjería, pero detectar que el rumor es cierto es más difícil. De hecho, en el caso de Huelva, este rumor existía, pero es que también existen en otros lugares de Andalucía y luego se han comprobado que no eran verdad. Son rumores que nos llegan por una llamada, por una persona que viene pero quiere conservar en todo momento su anonimato. Eso sólo nos permite trasladar verbalmente lo que han dicho, nada más.

P. ¿Qué mejoras concretas piden al Gobierno en materia de inmigración?

R. Insistimos en muchos temas. Lo que pedimos es mayor agilidad en los trámites, algo en lo que ya se nos está haciendo caso, puesto que se están incrementando los equipos operativos. También pedimos que el laberinto administrativo se reduzca y que el reagrupamiento familiar no sea tan cicatero. Globalmente hay que ir hacia una política de inmigración diferente. Corren malos tiempos, el chivo expiatorio de todos los males del mundo parece ahora la inmigración y no la pobreza, lo cual me sorprende. Me sorprende que un país como Suiza haga un referéndum que, de golpe, anula un derecho fundamental, como es el de emigrar, lo que va contra la Carta de Derechos Humanos. Parece que, por un lado u otro, estamos empeñados en cargarnos la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

P. ¿Las mejoras que proponen evitarían casos como el de Huelva?

R. Yo creo que sí. Porque son trámites laberínticos. También creo que las citas que se dan en las oficinas de Extranjería deberían ser suficientes para que los mismos funcionarios tengan los suficientes recursos para que puedan atender a la demanda. Algo que no siempre es así.

P. ¿Qué piensa acerca de las regularizaciones masivas?

R. Aquí nunca ha habido regularizaciones masivas. Ni con este Gobierno ni con el anterior. Ha habido regularizaciones para normalizar una situación existente. Y el proceso de normalización que se produjo fue muy cicatero en muchos aspectos. De hecho, tenemos muchísimas personas con documentación, a nuestro juicio adecuada, que no se han normalizado.

Y ahora, lo que pasa es que estamos en un contexto europeo donde estamos perdiendo la perspectiva humanitaria, donde hay una política deshumanizadora con los emigrantes. Ellos sólo importan cuando se les necesita; cuando no, que se mueran.

P. ¿Cuál es la situación de los centros para menores inmigrantes?

R. Hay una llegada en los últimos años muy alta de menores inmigrantes no acompañados. Y en principio no parece que esta situación tenga demasiado arreglo, por lo menos legalmente. Creo que tanto el Gobierno como la Junta de Andalucía están intentando emprender acciones para que estos niños puedan ser atendidos. Pero la verdad es que la Junta está cargando con todos los gastos y que algunos centros están colapsados, sobre todo en Granada. Lo cierto es que no vemos la salida del túnel. Lo que es cierto es que los niños que se quedan son perfectamente atendidos y hay un programa de seguimiento y atención. El gran problema para la Administración es que estos niños no se pueden devolver así como así. Y hay Comunidades que se están jugando el tipo porque están haciendo repatriaciones ilegales y van a tener que intervenir los fiscales. Pero no es el caso de la Junta de Andalucía.

P. ¿Podría decir qué Comunidades son?

R. Todavía no, vamos a dejarlo ahí.

P. Acaba de presentarse el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz de 2005. ¿En qué avanzamos y en qué retrocedemos?

R. Hay que partir de la idea de que a la Oficina llega lo que no está resuelto. Pero hay aspectos que han mejorado, por ejemplo es significativo que haya menos quejas relativas a temas de salud. Tampoco hay que pensar que donde hay más quejas es porque vaya peor. Por ejemplo, en medio ambiente han aumentado mucho, pero eso también quiere decir que hay más conciencia medioambiental.

P. En el informe se destaca la conflictividad que se respira en los centros de educación. ¿Es una realidad, o está exagerada?

R. Es una realidad, pero hay datos que no concuerdan con el volumen de quejas que nosotros tenemos. Lo que he pedido, para evitar esta confusión, es que se haga por parte de algún organismo independiente -pero independiente de verdad- un estudio riguroso. Porque hay datos de algunas organizaciones que no cuadran. Estaríamos hablando de temas excesivamente grandes. Pero sí, hay conflictividad escolar, al igual que la hay social.

P. ¿Y qué opina sobre las expectativas ante la Ley de Dependencia?

R. Precisamente uno de los problemas a los que se enfrenta esta ley es la expectativa tan grande que ha creado. Insistimos en que, por vía de ley, figuren mejor los derechos. Hay lagunas en la concreción. Sabemos que se ha hilado muy fino para evitar cualquier escollo, pero nos da miedo que, una vez empiece a aplicarse, la ley defraude a la gente.