La Junta anuncia más recursos para el Juzgado de Menores de Jerez

La Consejería de Justicia y Administración Pública anunció ayer que el Juzgado de Menores número 3 de Cádiz con sede en Jerez dispondrá de una mayor dotación de personal que permita solventar las dificultades que padecen los fiscales y el magistrado de la sala, en la que la falta de recursos está impidiendo incluso la ejecución de sentencias. Fuentes de la Consejería afirmaron que "en breve plazo de tiempo" el juzgado, en funcionamiento desde hace nueve meses, contará con "un equipo técnico permanente, integrado por un psicólogo, un educador y un trabajador social, que se creará con carácter definitivo".

La respuesta de la Consejería llega un día después de que el titular y los dos fiscales del Juzgado de Menores de Jerez denunciaran que "un alto porcentaje de sentencias no se están aplicando por la falta de medios y de personal en la sede judicial", que no dispone de un equipo técnico propio que evalúe a los menores arrestados y que asesore al Ministerio Fiscal sobre las medidas que deben adoptar. La Consejería de Justicia también aclaró ayer que tras detectar que en este juzgado el 70% de las sentencias que decretan libertades vigiladas a los menores no se han ejecutado, "ya ha solicitado una partida para la ampliación de equipos". "El compromiso de la Junta es solucionar esta circunstancia", aseguraron.

Tras admitir la falta de recursos que sufre la sede judicial, desde la Consejería aseguran que en enero de 2006, fecha de la entrada en funcionamiento del Juzgado de Menores de Jerez, la Junta "solicitó inmediatamente la creación de nuevas plazas para el nuevo órgano". El compromiso de la Administración no sirve, sin embargo, para solventar la totalidad de los problemas de este juzgado. Y es que, como denunció el jueves el magistrado José Miguel Martínez, el 100% de las resoluciones judiciales que decretan la prestación de servicios a la comunidad de los menores no se ha podido ejecutar por la falta de un convenio entre la Junta, los ayuntamientos y las ONG que aclare qué actividades pueden desarrollar los arrestados.