Bruselas analiza la legalidad del espionaje de los datos bancarios por EE UU

Expertos de la Unión Europea convocados por el Ejecutivo comunitario para pronunciarse sobre la transferencia secreta de datos bancarios personales de ciudadanos europeos a las autoridades de Estados Unidos en el marco de la lucha antiterrorista manifestaron ayer su "preocupación por la falta de transparencia" de todo procedimiento empleado por SWIFT, la sociedad belga encargada de la tutela de esos datos. Los técnicos europeos dejaron para más adelante pronunciarse sobre legalidad o ilegalidad de la actuación de SWIFT.

"La cuestión es compleja, tanto en los hechos como en su vertiente legal", señaló el comunicado suscrito al final de las discusiones por José Luis Piñar Mañas, director de la Agencia Española de Protección de Datos y vicepresidente del llamado Grupo de Trabajo del Artículo 29, formado por expertos de los Veinticinco.

"Tras reconocer la gravedad de las cuestiones planteadas", los representantes acordaron seguir profundizando en el caso con vistas a emitir un dictamen en la reunión que el grupo debe celebrar el próximo mes de noviembre, señala el escueto comunicado. No obstante, "el Grupo de Trabajo expresó su preocupación por la falta de transparencia que ha rodeado a estos dispositivos" de actuación de SWIFT.

Dudas fundadas

Antes de la reunión, el presidente del grupo, el alemán Peter Schaar, había manifestado que entre los miembros del comité había fundadas dudas sobre la legalidad de las transferencias de información realizadas por la compañía belga y que quedarían reflejadas en un informe, que finalmente no fue aprobado. "No vemos que haya base legal conforme al derecho comunitario y pensamos que hay que hacer cambios", declaró Schaar a The New York Times. Piñar Mañas no atendió la solicitud de información de EL PAÍS.

El caso SWIFT estalló a principios del pasado verano, cuando se supo que desde 2002 la compañía belga, que actúa como un sistema de mensajería para el intercambio de informaciones sobre pagos entre instituciones financieras, había estado proporcionando información sobre tales transferencias a la Administración de Bush. La información que ha trascendido hasta la fecha permite aventurar que SWIFT fue conminada por el Tesoro de EE UU a proporcionar datos al amparo de la Patriot Act, bajo amenaza de sanciones por obstruir o no colaborar en la lucha contra el terrorismo. La matriz belga manifestó que los detalles entregados a la Administración de Bush para ser analizados por los servicios de información habían sido entregados por su filial en EE UU, sometida a la legislación estadounidense.