Bruselas asegura que España ha actuado contra la libre circulación de capitales

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, aseguró ayer que las medidas adoptadas por el Ejecutivo comunitario contra los supuestos obstáculos de las autoridades españolas al intento de compra de Endesa por parte del gigante alemán E.ON se basaban en "criterios estrictamente jurídicos y nada más". Durão Barroso se refería a las dos decisiones adoptadas ayer por la Comisión, en las que por una parte calificaba de "ilícitas" las condiciones fijadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y, por otro lado, exigía a España que modificase la ley por la que se aumentaban las competencias del mencionado organismo regulador.

La Comisión da dos meses a España para que presente una respuesta satisfactoria

Barroso: "La decisión se basa en el derecho comunitario, como hemos hecho siempre"

En relación con el rechazo de las 19 condiciones fijadas por la CNE, el Ejecutivo Comunitario señaló que su decisión se sustentaba en dos hechos. En primer lugar, la decisión de la CNE se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a la Comisión y sin que ésta la aprobara, infringiéndose las obligaciones previstas en el artículo 21 del Reglamento de fusiones comunitario.

En segundo lugar, la Comisión estima que la CNE impuso al proyecto de adquisición del control de Endesa por parte de E.ON, una serie de condiciones que "son contrarias a las normas del Tratado de la CE sobre libre circulación de capitales y derecho de establecimiento".

En la segunda decisión promovida por el comisario Charlie McCreevy, de Mercado Interior y Servicios, la Comisión ha decidido instar formalmente a España a modificar el decreto que ampliaba los poderes de la Comisión Nacional de la Energía.

Tras la modificación, se exige la autorización de la CNE para la adquisición de participaciones en un porcentaje superior al 10% del capital social o de cualquier otro que conceda influencia significativa en empresas que realicen actividades reguladas o sujetas a intervención administrativa.

Esta segunda decisión tenía forma de dictamen motivado, lo que corresponde a la segunda fase del proceso de infracción. La primera fase fue a través de una carta de emplazamiento. En el caso de que España no presente una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses desde la recepción del dictamen, la Comisión puede decidir someter el asunto al tribunal de Justicia de las comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo.

En relación con ambas resoluciones el presidente del Ejecutivo comunitario precisó: "Hemos tomado la decisión sobre la base del derecho comunitario como hemos hecho siempre y como haremos en el futuro".

Barroso añadió que no tenía conocimiento de si el Gobierno español estaba dispuesto a acatar las resoluciones. A las preguntas de los periodistas sobre si había algún tipo de mensaje político que hubieran motivado ambas resoluciones, insistió en el carácter jurídico de las decisiones.

En esta misma línea, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, manifestó que "la Comisión va a preservar su derecho de aplicar las normas comunitarias sobre el control de las concentraciones en beneficio de todas las empresas y todos los ciudadanos del mercado interior".

La toma de ambas decisiones fue precedida de un debate en el colegio de comisarios, que ayer celebró su reunión en la sede del Parlamento en Estrasburgo, según reconoció Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios. Almunia precisó que él había expresado sus puntos de vista, pero que no se mostró disconforme con la decisión por solidaridad con los comisarios que las habían adoptado.

La firmeza y contundencia de la Comisión sobre la política energética española están abriendo un debate político cada vez más intenso.

El máximo dirigente de los socialistas en la Eurocámara, y ex ministro, Enrique Barón, criticó ayer la "actitud agresiva" que en su opinión ha mantenido la Comisión Europea en el caso de la oferta pública de adquisición del gigante alemán E.ON sobre Endesa.

Barón calificó de "escandaloso que la Comisión mantenga una posición tan agresiva cuando todavía no se ha constituido un mercado energético europeo". El ex presidente del Parlamento Europeo recordó que "España y Reino Unido eran los países de la Unión Europea que mantenían un mercado energético más abierto y liberalizado".

En su opinión "al rechazar las condiciones españolas a la OPA de E.ON podría producirse el efecto perverso de favorecer el monopolio de la empresa más fuerte en el mercado energético de la Unión Europea".

El Gobierno se había mostrado dispuesto a revisar otras alternativas diferentes de las expuestas por la CNE de manera que con un criterio más proporcionado se permitiese hacer frente a los riesgos sin obligar a desinvertir activos.

Las condiciones fijadas por la CNE, amparadas en el logro de la seguridad energética, obligaban a E.ON a desprenderse de un 32% de los activos de Endesa y de la gestión de las centrales nucleares. Las ventas exigidas por la CNE se refieren explícitamente a la central nuclear de Ascó I, los sistemas eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y las centrales de Compostilla, el complejo minero de Teruel y la participación en Anllares. En total las ventas suponían una reducción de la capacidad de 7.600 megavatios.