Jiménez Villarejo regresa a Palau

El paso del tiempo genera imágenes que resultaban impensables hace unos años. Una de esas escenas se produjo ayer en el distinguido Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, cuando el presidente, Pasqual Maragall, entregó al ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo el Premio Justicia de Cataluña, la más alta distinción en esta materia que concede el Gobierno de la Generalitat.

Justamente, pronto se cumplirán 22 años del día en que Jiménez Villarejo acudió también al mismo palacio, pero por otro motivo muy distinto: tomar declaración en calidad de imputado al entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por su responsabilidad como antiguo gestor de Banca Catalana.

Ocurrió el 2 de octubre de 1984, después de que Pujol intentara, de todas las maneras posibles, declarar por escrito. El fiscal Jiménez Villarejo y su colega José María Mena se opusieron a ese privilegio y la Audiencia Territorial de Barcelona les dio la razón.

"Estoy satisfecho porque la distinción proviene del actual Gobierno"

"Fue en esa habitación y la declaración duró poco más de dos horas", recordaba ayer Villarejo, mientras señalaba con el dedo desde el Pati dels Tarongers el lugar en el que testificó Pujol. "No estuvimos todo el tiempo que hubiéramos deseado porque no lo permitió el juez instructor", añadía con cierta nostalgia. Aquél magistrado era Ignacio de Lecea.

Y es que ayer fue un día de emociones para el ex fiscal, que ya ha cumplido 71 años y que fue retirado del cargo de fiscal anticorrupción por el Gobierno del PP amparándose en una reforma del estatuto del ministerio fiscal impulsada precisamente por el diputado de CiU en el Congreso Manuel Silva.

"Estoy satisfecho porque éste reconocimiento proviene del actual Gobierno de la Generalitat. Por eso lo acepto", dijo el ex fiscal en un breve discurso pronunciado en catalán, el primero que se le recuerda, y en el que no disimuló su sintonía política con las izquierdas que gobiernan en Cataluña. Una sintonía que es pública, hasta el punto de que cierra la lista de ICV en las próximas elecciones autonómicas. Joan Saura y Francesc Baltasar, los dos consejeros que tiene esta coalición en el Gobierno catalán, asistieron ayer al acto y Villarejo los citó expresamente al iniciar su breve discurso, en el que elogió la política penitenciaria del departamento. No en vano fue él quien hace dos años recibió el encargo de redactar un reglamento penitenciario que ya está en vigor y que humanizará de manera decidida la vida de los presos en Cataluña.

La exposición de motivos que figura en el decreto asegura que se premia a Jiménez Villarejo "por su intensa relación profesional y personal con Cataluña y su mundo jurídicido". La misma distinción fue concedida también al Instituto de Reinserción Social (IRES), creado en 1969 para promover la rehabilitación de personas en riesgo de exclusión social o que cumplen penas de cárcel.

La entrega de las distinciones se realizó coincidiendo con la celebración del Día de la Justicia, que instauró el último Gobierno de CiU y que continuó el tripartito. Pasqual Maragall recalcó que el nuevo Estatuto apuesta por la descentralización de la justicia y recordó que este departamento ha sido el que más invertido en gasto corriente, con un plan de construcción de edificios judiciales que jamás se había producido.

Por su parte, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, reclamó que se aborde la interinidad de secretarios, jueces, fiscales y funcionarios. "La justicia catalana no se puede permitir el lujo de perder calidad. Cataluña no puede tener una justicia de segunda si quiere crecer como país", dijo.

Ciertamente, la vida da muchas vueltas y está llena de coincidencias. Ni el mejor guionista hubiera imaginado hace unos años que cuatro horas después de que Jiménez Villarejo fuese distinguido por un presidente de la Generalitat del PSC, Juan Piqué Vidal, el abogado que dirigió la defensa Pujol, ingresaría en prisión para cumplir una pena de siete años de cárcel por las extorsiones a empresarios cometidas en el caso Estevill.

La querella contra contra Piqué Vidal, el ex juez Luis Pascual Estevill y otros presentada en 1996 la firmó Carlos Jiménez Villarejo, el penúltimo fiscal rojo que quedaba en España. El último es José María Mena y se jubila el 1 de diciembre.