_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Salir de dudas

Esta semana se ha cumplido un año desde que se inició la instrucción del llamado caso Camas. Este municipio es uno más de los que aparecen envueltos en escándalos de corrupción urbanística. Alcaldes y concejales aparecen imputados. Este sumario, como ha ocurrido en tantos otros, no se ha desarrollado con normalidad, ya que tres magistrados se han ocupado de este juzgado en el último año. Unas permanencias, tan breves, que tienen que dañar y han dañado su instrucción y, lógicamente, de otros asuntos de este juzgado. La averiguación y determinación de los hechos que pudieran ser constitutivos de delito han sido examinados por diferentes directores, y su forma de instruir no tiene por qué ser la misma. Es razonable, pues, con esta realidad cambiante y en un asunto que puede suponer un desprestigio para las instituciones democráticas y, sobre todo, en un caso que debe terminar con una resolución judicial acusando, o no, de delitos en los que el hacer público se puede haber usado para llenarse los bolsillos, que el nuevo titular del juzgado haya decidido iniciar nuevas diligencias y haya decidido realizar nuevos interrogatorios sobre las personas que ya habían sido interrogadas por los anteriores titulares.

Esta situación, además, va a determinar que este caso salte de nuevo a los medios de comunicación y algunos vuelvan a utilizar políticamente la pertenencia de los imputados a uno u otros grupos políticos. En este sumario le ha tocado a IU, a dos ex concejales del PP y otro del PA. Unas militancias que, precisamente por este aprovechamiento pueden llegar a hacer daño a sus grupos de pertenencia. Unos daños aún más fuertes, toda vez que las elecciones municipales están a la vista. Además, estos individuos, que están imputados por distintos delitos, siguen queriendo mantener protagonismo público ante la próxima convocatoria municipal y reclaman la protección de sus grupos políticos, por lo que no sólo van a seguir deteriorando el prestigio de las corporaciones municipales sino también de los grupos a los que están o han estado unidos con su militancia. Es una realidad que exige que los grupos se desliguen totalmente de estos militantes indeseables y que se perciba por todos que no encuentran protección de clase alguna. Más aún con la que está cayendo en Marbella, en Orihuela, en Alicante y en otros muchos municipios. Un panorama que ha generado un sentimiento generalizado de indignación que debía asumirse por todos los grupos políticos como propio, sin defender activa o pasivamente a quiénes lo han originado para que, de esta forma, pudiéramos acercarnos a las elecciones municipales con la tranquilidad de saber que quiénes dañan a las instituciones no encuentran ninguna protección. Es una cuestión que, por su trascendencia, y gravedad, deberían pronunciarse de forma clara y rotunda los grupos políticos, incorporando este compromiso en sus programas electorales.

Y es una situación también a la que debería ayudar de manera más eficaz la administración de Justicia, evitando a través de sus instituciones de gobierno que se ocasionen estados como el que se ha producido en la instrucción del caso Camas. El trasiego de jueces, como ha puesto de relieve el nuevo titular con su actuación, sólo perjudica a la instrucción y con ella a que se perpetúen en el tiempo y mediáticamente los escándalos urbanísticos, provocando que la indignación generalizada que originan estos delitos merme también la confianza en la Justicia. No estaría mal en esta ocasión que el nuevo titular, en la voluntad mostrada en completar el sumario y acabar con una instrucción que no debe ser tan compleja como la del 11-M, termine su trabajo antes de las municipales y salga de dudas, de forma que no se utilice la posible comisión de delitos como arma electoral y, sobre todo, no tengamos que soportar la vergüenza de tener que ver en las listas electorales personajillos que pueden ser condenados por delito. Va siendo hora que queden atrás chistes de tal gusto como aquél en que uno le pregunta a otro: ¿sabes qué pueblo es el que tiene más alcaldes? No, contesta. Es fácil y responde: Alhaurín de la Torre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_