Los caballos de Roca están bien atendidos, según la Junta y el Colegio de Veterinarios
Agricultura ha realizado tres inspecciones desde abril y nunca ha encontrado deficiencias
Los caballos del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, que fueron intervenidos por el juez el pasado 29 de marzo se encuentran en buenas condiciones sanitarias y debidamente atendidos, según han constatado la Consejería de Agricultura y Pesca, el Colegio de Veterinarios de Málaga y la asociación Santa María para la defensa de los animales. El equipo jurídico de la ganadería Marqués de Velilla achacó el jueves al hambre y al supuesto abandono la muerte de tres animales y la enfermedad de otros 10.
Según la Junta, desde la intervención judicial han muerto tres potros pero "por causas atribuibles al natural funcionamiento de una explotación de estas características" y no por falta de alimentación y de cuidados, como denunció antes de ayer una abogada de la ganadería Marqués de Velilla. Desde que la yeguada fue requisada, la Consejería de Agricultura asegura haber realizado dos inspecciones en abril y junio en las que ""no se detectaron incidencias apreciables". Los técnicos de Agricultura volvieron a visitar la finca La Caridad la tarde del jueves, tras conocer la denuncia, y ratificaron que los animales están "en buen estado de carne".
Actualmente hay un total de 105 caballos en la explotación. La finca se encuentra bajo el control de un administrador judicial y hay una veterinaria al cuidado de la cuadra.
La Junta reconoce que hay nueve caballos enfermos, dos por una enfermedad crónica y el resto por hipersensibilidad a un mosquito habitual en esta época del año en Andalucía. Y asegura que todos reciben tratamiento adecuado, Hay además cuatro yeguas en proceso de recuperación de peso porque hasta hace poco han estado amamantando a sus potros.
El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Enrique Moya, que visitó el jueves la yeguada, negó también la existencia de abandono. "No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que los animales están muertos de hambre, les falte alimentación o atención sanitaria porque solamente ha sido un reflejo de unos poquitos que había en un sitio, pero no se puede encasillar toda la explotación por los cuatro, cinco o seis animales que estaban mal", explicó.
La presidenta de la asociación Santa María para la defensa de los derechos de los animales, Concordia Márquez, aseguró tras visitar los caballos "uno a uno" que todos ellos están "en perfectas condiciones higiénico sanitarias".
La abogada Yolanda Terciado, que denunció que los caballos han estado abandonados porque el juez tardó tres meses en nombrar un administrador judicial, matizó ayer sus críticas y puntualizó que los caballos "están atendidos relativamente, no todo lo que merecen, porque les falta y ejercicio y en algún momento les ha faltado comida", aunque reconoció que desconocía si actualmente disponen o no de alimentos. Con todo insistió en que iniciará las "acciones jurídicas oportunas" para esclarecer lo que ha ocurrido.
Muñoz se exculpa por los convenios
El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz declaró ayer ante una juez que nunca intervino directamente en las negociaciones de los convenios urbanísticos que firmaba y que desconocía como se realizaban las tasaciones de las fincas vendidas o permutadas por el consistorio.
Muñoz, que está encarcelado desde julio por su implicación en la trama de corrupción del caso Malaya, fue trasladado ayer al juzgado de instrucción número 1 de Marbella donde testificó durante unas dos horas como imputado de presuntos delitos de fraude, prevaricación, malversación y contra la ordenación del territorio, en una nueva causa abierta a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía acusa también en esta denuncia al ex gerente de Urbanismo y presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, y al tasador José Mora por haber cooperado en dilapidar el patrimonio de Marbella con la firma de convenios urbanísticos y permutas y ventas de suelo a precios muy inferiores a los de mercado.
El informe del Tribunal de Cuentas en el que se sustenta la querella de la Fiscalía Anticorrupción estima la pérdida patrimonial que estas actuaciones causaron a la ciudad en 136 millones de euros.
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