Del 'caso Trashorras' a las pistas falsas sobre ETA

El PP, pese al rechazo de alguno de sus dirigentes que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, mantiene firme su política de oposición al PSOE tomando como base teorías conspirativas sobre el 11-M que implican a policías, guardias civiles, agentes de inteligencia de España, Marruecos y Francia y militantes socialistas. El atentado fue investigado y aclarado por la cúpula policial que dirigía el entonces ministro del Interior, Ángel Acebes. Pero el ex ministro, ahora, no se cree ese trabajo y alienta todo tipo de sospechas.

El miércoles, el PP vuelve a la carga en el Congreso con una moción en al que pide que se investiguen aspectos supuestamente dudosos en la investigación. El PP ha dado crédito en los dos últimos años a algunos de los principales acusados de la masacre. Y en los últimos días ha alimentado con sus denuncias la sexta versión conocida sobre el 11-M del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, procesado por 191 asesinatos consumados y 1.755 en grado de tentativa. Una sentencia firme que condena al único menor implicado en los atentados, considera a Trashorras colaborador principal de los terroristas del 11-M en la consecución del explosivo.

Un diputado del PP asegura que el atentado benefició a los "proscritos del felipismo"

La falta en un disquete de un informe que se entregó en papel sirve para decir que no existe

El caso de Trashorras es especialmente significativo porque ha sido capaz de cambiar su versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones frente al juez Juan del Olmo, pero también ha cambiado esa versión en cartas que escribió en la cárcel y en la entrevista publicada por el diario El Mundo. Trashorras pensaba, y así se lo dijo a sus padres, que el citado diario pagaba a mercenarios para que contaran cuentos. "Si El Mundo me paga y estoy fuera, les cuento hasta la Guerra Civil". Después de aquella conversación, eligió al periodista que más le gustaba en El Mundo, pidió a su madre que le consiguiera el teléfono, y reunió los recortes de los medios afines al PP que defendían la teoría conspirativa del 11-M.

En la entrevista soltaba todas las teorías conspirativas abonadas por Jaime Ignacio del Burgo (diputado nacional del PP) y los medios de comunicación afines al partido de Mariano Rajoy. El líder del PP rechazó, a preguntas de Iñaki Gabilondo en Cuatro, que su partido hubiese implicado a policías, guardias civiles o militantes socialistas en el 11-M. Del Burgo, su diputado encargado del 11-M, publicó estas cosas en Libertad Digital:

"Hay quien añade a la lista de beneficiarios [del 11-M] a los proscritos del felipismo por su implicación en la guerra sucia de los GAL y en el saqueo de los fondos reservados. No hay ninguna prueba de su implicación en la masacre, aunque estoy seguro de que no estuvieron muy lejos de la campaña de descalificación del Gobierno popular iniciada la misma tarde del 11-M, al menos como transmisores de noticias intoxicadoras procedentes de la deslealtad de algunos mandos policiales (...) Aquí ha habido fallos indudables. Se me echaron encima los comisionados de la mayoría gubernamental. También los sindicatos policiales. Manolón fue recibido como un héroe en Asturias después de llorar en la Comisión mientras pedía perdón a las víctimas. Si llego a saber lo que ahora sabemos, mi reflexión no hubiera sido de tristeza sino de indignación porque algunos tuvieron en su mano la posibilidad de evitar el atentado y no lo hicieron".

Del Burgo entrevistó al preso Rafá Zouhier, colaborador de los terroristas del 11-M, a los que puso en contacto con las personas que les facilitaron los explosivos. El diputado se mostró muy interesado por sus respuestas: "Si dice la verdad, resulta que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por un antiguo colaborador de Rafael Vera) tuvo en su mano la posibilidad de detener a los asturianos por la venta de dinamita y abortar el atentado".

El PP y sus medios afines no sólo han utilizado las declaraciones de procesados por el 11-M para dar aire a la teoría conspirativa, sino que ha intentado sostener la implicación de ETA en los atentados -descalificada por los hechos y que el Gobierno sostuvo y difundió por todo el mundo en las 48 horas posteriores a la masacre- con informaciones que se han demostrado falsas. La última corresponde al ex director general de la policía Agustín Díaz de Mera, mano derecha de Acebes, quien ha denunciado en la Cope que el Gobierno oculta un informe que implica a ETA en los atentados. De Mera no duda en declarar que ETA pudo encargar el 11-M.

El Gobierno de Aznar presumía en su última etapa de tener muy controlado al mundo etarra. Y así era. Hasta el punto que un micrófono de la Guardia Civil escuchaba todas las conversaciones de José Ignacio Esparza Luri, el jefe logístico de ETA. El 11 de marzo recogió la última, donde Esparza se sorprendía por el atentado de Madrid porque él, dueño de la llave de los explosivos de ETA, no había facilitado dinamita para la masacre. El Gobierno del PP conocía los pasos de la banda al detalle, pero ninguno conducía al 11-M.

Pero ahora, el PP insiste y, según sus medios afines, para acreditar que la denuncia de De Mera sobre la existencia de un informe es cierta, sugieren que ha sido destruido, con lo que nunca se podrá probar si la insinuación del ex director, que no ha ido al juez con su cuento, es verdadera o falsa. El informe al que se refiere De Mera, realizado por un hombre y una mujer, existe. Del Olmo lo tiene desde el 15 de febrero de 2006. No implica a ETA en los atentados, todo lo contrario. De Mera sabe que todos los informes sobre la inexistencia de vínculos entre el 11-M y ETA fueron entregados al juez en un disco de ordenador. Todos menos uno, remitido en papel ante la dificultad de digitalizar 400 folios procedentes de copias de fotocopias de investigaciones pasadas y actuales. Quienes le secundan tienen ese disco y, como les falta el que fue entregado en papel, dicen que se ha destruido. Los autores del informe existente y no oculto así lo aseguran a quién les pregunte.

Es la última intentona. Al comienzo de las investigaciones, el PP y sus medios se aferraron a la confesión de Zouhier para mantener que en la cárcel, Antonio Toro, cuñado de Trashorras, pasó a éste a través de un cristal una nota escrita con el teléfono de un etarra. Cuando el juez investigó ese episodio y practicó careos, los acusados lo negaron y dieron nombres y apellidos de la persona cuyo teléfono había escrito en aquel papel.

Aún hoy, los populares recuerdan que un colaborador de la policía en Badajoz contó unas horas después del 11-M que un mes antes había visto en la cafetería del aeropuerto de Francfort a Josu Ternera diciendo a su acompañante: "Se van a enterar los españoles de lo que somos capaces". Ningún dirigente policial, incluyendo los que nombró el PP, creyó esa información. Menos el PP. Hasta 11 informes policiales desmienten la implicación de ETA. El PP insiste.