El Gobierno anima a denunciar la corrupción urbanística en Oropesa

El Gobierno no tiene previsto solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que investigue los posibles casos de corrupción urbanística, dada la "plena autonomía" de la que goza la institución. Aún así, en la respuesta a una pregunta de la diputada de Esquerra Unida (EU), Isaura Navarro, insta a los ciudadanos de Oropesa a exigir el cumplimiento "de la legislación urbanística en vigor ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos".

La diputada de EU, Isaura Navarro, presentó una iniciativa parlamentaria para tratar de "aclarar hasta qué punto las dudosas actuaciones de los concejales del Ayuntamiento de Oropesa pueden estar suponiendo un caso de corrupción". En el texto, la diputada informaba de la existencia de concejales que, "al parecer son al mismo tiempo agentes inmobiliarios o constructores-urbanizadores". Así, hacía especial mención del responsable del urbanismo oropesino, Tomás Fabregat, y sus vinculaciones con el empresario Jesús Ger, presidente del grupo Marina d'Or. Sobre éstas, citaba la compra, según los datos de EU, de siete locales a Ger por parte del concejal de Urbanismo. Además, hacía referencia al hecho de que Fabregat reconociera ante un juzgado haber comprado un terreno con dinero negro, así como la venta de una finca, en 2000, por unos 72.000 euros, que meses después vendió también a Ger por alrededor de 567.905 euros.

Esta última venta incluía una cláusula que condicionaba la operación urbanística a la recalificación del suelo y, dado que no se ha producido, según el documento, el comprador, el grupo Marina d'Or, podría reclamar a Fabregat las cantidades pagadas por el suelo.

En la iniciativa presentada el pasado mes de mayo, la parlamentaria indicaba que "la espectacularidad y trascendencia pública" que había alcanzado la corrupción urbanística del caso Marbella "posiblemente ensombrecía a otras marbellas en potencia, donde la falta de reacción ante los abusos urbanísticos, los negocios ilícitos de los representantes públicos, las irregularidades en adjudicaciones y permisos de obras, y un largo etcétera, las convierten en germen de corrupción, que de no actuar a tiempo, pueden llegar a las dimensiones de lo acontecido en Marbella".

En su respuesta, el Gobierno señala a la Generalitat como responsable del urbanismo en todo el territorio, ya que es una competencia de la Administración autonómica.