El informe de los europarlamentarios sobre la M-30 pide indemnizaciones para los vecinos

La abdicación de la Comisión Europea ante la reforma de la M-30, la mayor obra pública de la Unión Europea, fue duramente criticada ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde se presentó el crítico informe final de los europarlamentarios que visitaron el proyecto a principios del verano. Los comisionados, además de reclamar una declaración de impacto ambiental para todo el anillo, pidieron, entre otras cosas, que se traslade la chimenea extractora de humos, que se actúe contra la contaminación acústica y que se indemnice a los vecinos perjudicados por el proyecto.

La comisión de la Eurocámara adelantó verbalmente en julio las duras conclusiones presentadas ayer por escrito y para ayer también se esperaba que la Comisión Europea expresara su opinión sobre todo el contencioso. El Ejecutivo comunitario abrió un procedimiento de infracción contra el Ayuntamiento por la remodelación de la M-30 al que el consistorio respondió el 13 de julio, y ahora era el turno de la Comisión de replicar con un dictamen motivado de obligado cumplimiento, que de no ejecutarse debería llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario respondió con un atronador silencio, que frustró a los críticos del proyecto. "La Comisión debe confirmar su petición de declaración de exigencia de declaración de impacto ambiental", manifestó ante la Comisión de Peticiones el socialista Carlos Carnero, vecino afectado por las obras. "De lo contrario se terminará la obra con consecuencias irreversibles".

Reclamación

El verde David Hammerstein apuntó que la anterior reclamación comunitaria de una declaración de impacto había impactado en el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. "Pero lo que no podemos admitir es que la Comisión llegue al tiempo de la autopsia", señaló. "Hay que llegar a tiempo para poder condicionar los proyectos". Willy Meyer, eurodiputado por Izquierda Unida, consideró "una burla que la obra civil más importante de la UE no tenga declaración de impacto ambiental" y preguntó si se va a hacer el estudio correspondiente para corregir lo que se ha hecho y lo que está previsto hacer.

El laborista británico Michael Cashman creyó ver en las constataciones del informe "una preocupante tendencia de las administraciones regionales a no acatar la legislación comunitaria" y fue más allá de los motivos pedestres de una elección local más o menos. "Si no respetamos las leyes caeremos en la anarquía y la dictadura". Tuvo un punto de humor: "Si la M-30 es una calle, es una de las calles más caras de la historia de la UE".

Contra ese argumento de obra local se levanta el informe, pese a que Gallardón se ampara en la decisión de hace dos años del Consejo de Estado que exime de tal declaración a los proyectos urbanos, como lo es en la jerga oficial del consistorio la M-30. "La prueba visible es que es una autopista, y siempre lo ha sido", declaró el socialista irlandés Proinsias de Rossa, coautor del informe. "La cuestión no se puede reducir a un debate semántico sobre si una autopista puede ser o no calificada de vía urbana", se lee en el texto. "No son creíbles los intentos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma, en particular, de minimizar la naturaleza del proyecto para sortear las directivas de la UE", que exigen declaración de impacto para obras fuera del entorno urbano.

Carlos Iturgáiz, en nombre del Partido Popular, consideró que "no hay por dónde coger este informe, que tiene carácter subjetivo, carece de razonamiento jurídico y no especifica qué preceptos de la Comisión Europea han sido violados".

Ayer se pasó por encima de lo que en julio fue un tema destacado en el informe verbal: la posibilidad de que el Ayuntamiento indemnizara a los damnificados. Una fuente conocedora de los procedimientos señaló que eso sólo lo puede determinar un tribunal.

En las conclusiones de informe se recoge esa posibilidad, entre otras recomendaciones. El caso es considerado por Proinsias y la otra coautora, danesa verde Margrete Auken, como una piedra de toque: "El Derecho comunitario debe respetarse en este caso. Existe el peligro de crear un procedente sobre una interpretación laxa del Derecho comunitario si no somos claros".

"Como prioridad, hay que repensar las chimeneas extractoras y desplazarla cuando sea necesario por motivos de salud. Debe prestarse más atención a su diseño y a la eficacia y seguridad de dispersión de los humos tóxicos fruto del potencial incremento de tráfico", pide el informe. "Debe abordarse más efectivamente la contaminación acústica".

El Ayuntamiento de Madrid afirmó que el informe sobre la M-30 elaborado por los parlamentarios carece de fundamentos técnicos y jurídicos. "Adolece de una falta evidente de fundamentación técnica y jurídica que apoye las afirmaciones que en el mismo se vierten, muchas de las cuales son inexactas y erróneas", declaró el director de desarrollo de infraestructuras del Ayuntamiento, José María Ortega.