Las instituciones se comprometen a coordinarse más ante el maltrato infantil

Propósito de emnienda. Diversos departamentos de la Generalitat, la fiscalía y el poder judicial firmaron ayer un protocolo para aumentar y mejorar la coordinación institucional en los casos de menores maltratados o que sufran abusos sexuales. El documento suscrito relata con detalle cómo actuar desde la escuela, la sanidad, las fuerzas de seguridad y los servicios sociales, y la forma de coordinarse con los jueces y los fiscales.

El impulsor del protocolo firmado ayer ha sido el síndic de greuges, Rafael Ribó, quien adquirió ese compromiso hace unos meses. El detonante del acuerdo fue la polémica generada a raíz del caso de la niña Alba de Barcelona, que sufrió una brutal paliza, supuestamente de sus padres, el pasado mes de marzo sin que la sanidad, la policía, los servicios sociales y la justicia advirtiesen del riesgo al que estaba expuesta.

El texto firmado diferencia los casos en los que existe una sospecha fundamentada de abuso sexual o maltrato y las situaciones graves o con certeza de diagnóstico. Y a partir de este planteamiento, se relata cuál ha de ser la actuación en cada caso. Así, por ejemplo, el protocolo establece que cuando exista la sospecha de un caso en el ámbito de la sanidad "se ha de comunicar inmediatamente" a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y a la fiscalía. Si se trata de certeza diagnosticada, el hospital de referencia presentará lo denunciará en el juzgado de guardia, al margen de comunicarlo a las instituciones ya citadas "por la vía más rápida posible y haciendo constar la urgencia". El hospital nunca dará de alta al niño hasta que no se asegure su protección.

Asumir la tutela

En el caso de la DGAIA, se establece que cuando exista una sospecha se enviará al menor a un hospital para que le reconozcan y si se trata de una certeza, se evaluará si su entorno garantiza la protección. De no ser así, se asumirá su tutela. Si ningún organismo lo ha denunciado, será la DGAIA la que acuda al juzgado.

En el ámbito escolar, el protocolo explica que cuando exista una sospecha de maltrato, se comunicará a la DGAIA y a la fiscalía y si es una certeza, se derivará a un hospital y se informará a la familia de esas gestiones.

El protocolo explica que si son los Mossos d'Esquadra quienes inician la investigación no se tomará declaración al menor si las pruebas se pueden obtener de otra manera, si hay suficientes indicios del abuso o maltrato, si existe una denuncia de un profesional.

El protocolo admite que es sólo "una simple propuesta de buenas prácticas", en el ámbito de la justicia, ya que a los jueces sólo les vinculan las normas procesales. De todas maneras, se recomienda que, en la fase de la instrucción judicial, el menor declare cuanto antes. Y que lo haga en un espacio adecuado, con preparación psicológica y evitando tenerle que hacer pasar varias veces por el mismo trago. En cuanto al juicio oral, se sugiere que se utilicen los medios técnicos para evitar que el menor acuda ante el tribunal.

Si es así, se sugiere que se evite la confrontación visual con el inculpado. Se evitarían así situaciones y polémicas como la que propició la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona el año pasado, al obligar a una niña a declarar sin separación alguna en el juicio contra su profesor acusado de abusar sexualmente de ellas y que, al final, fue absuelto por el tribunal.