Industria pedirá a la UE que obligue a la privatización de las compañías telefónicas

Al igual que ocurre en el sector energético, el Ministerio de Industria no ve con buenos ojos que los Estados participen en el capital de las compañías de telecomunicaciones, y va a pedir a la UE que desaparezcan las participaciones públicas. En España hay tres empresas participadas o controladas por los respectivos Estados: France Télécom (Amena), TeliaSonera (Xfera) y Deutsche Telecom (Ya.com). Mientras, el número de reclamaciones por acceso a Internet sigue creciendo, y en el primer semestre fueron el 32,7% del total de las presentadas en materia de telecomunicaciones.

El debate sobre el control del Estado de las grandes empresas de servicios se reabre. Si hasta ahora el Ministerio de Industria se había pronunciado en contra del mantenimiento de las participaciones públicas en las empresas energéticas, ahora extiende esa crítica hacia las operadoras de telecomunicaciones. El secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, pidió ayer que se modifique la normativa comunitaria para que desaparezca, "de una vez por todas", la participación pública en los operadores nacionales.

La Comisión Europea inició a finales de junio el proceso de revisión de todo "el marco regulador de las comunicaciones electrónicas", que incluye la telefonía fija y móvil e Internet. "De otro modo, se pondría en cuestión el objetivo de plena independencia de los reguladores respecto a los eventuales intereses de los Gobiernos en operadores en los que participen, y sería imposible conseguir una verdadera armonización" regulatoria del sector, dijo Ros en la clausura de un foro de telecomunicaciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizado por Aetic, patronal del sector.

La petición implica directamente al mercado español donde operan tres compañías controladas por los Estados respectivos. La más importante es France Télécom, participada en un 32,5% por el Estado francés, que posee un operador de telefonía fija e Internet (Wanadoo) y otro de móvil, tras la adquisición el año pasado de Amena. Por su parte, Deutsche Telekom, cuyo 37% del capital está aún en manos públicas, opera en España a través de Ya.com, que da servicios de telefonía fija e Internet. La última en desembarcar ha sido TeliaSonera, que acaba de tomar el control de Xfera, la operadora de telefonía móvil que lanzará sus servicios antes de fin de año. El operador nórdico está participado por los Estados sueco y finlandés, que controlan conjuntamente el 59% de su capital. Sin presencia en el mercado español, los otros operadores europeos con participación pública son la holandesa KPN y la griega OTE, que anunció esta semana su completa privatización.

Los responsables de Industria ven contradictorio que Bruselas, pese a no haber obligado a los Estados a salir del capital de las empresas, haya obligado a Estados como el español a renunciar a su acción de oro, mecanismo que les permitía impedir la compra de las antiguas empresas públicas por las corporaciones extranjeras. La petición de Ros fue saludada con alborozo por los responsables de Telefónica, privatizada completamente en 1997, que siempre se han quejado de que sus rivales disfruten de ventajas regulatorias en España.

Derechos de los usuarios

Francisco Ros anunció que hoy saldrá a consulta pública la nueva Ley para el Impulso de la Sociedad de la Información, que regulará conjuntamente los servicios de comunicaciones, la transmisión de datos y del sector audiovisual. Esa ley quiere reforzar los derechos de los usuarios. Ayer precisamente se hicieron públicas las últimas cifras sobre las quejas de los consumidores. Yel boom de Internet en España tiene su cara gris. Seis millones y medio de españoles disfrutan de una conexión de banda ancha (cable y ADSL), pero las quejas de Internet han crecido cuatro puntos en el último año y ya representan el 32,5% del total que se presentan ante la Oficina de Atención de Usuario de Telecomunicaciones, puesta en marcha por Industria hace un año.

El mayor motivo de reclamación es por la tramitación de las altas y bajas y los cambios de operador. También crecen las reclamaciones de telefonía móvil, que pasan a representar el 14,3% del total, frente al 10,1% de hace un año.