Revelador

El presidente de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha jubilado. Hay relevo en la presidencia de Sevilla. El CGPJ ha designado al nuevo presidente. Antonio Reinoso, magistrado titular de la misma sala, es el nuevo presidente. Es una Sala importante. Sus decisiones también afectan a Córdoba, Cádiz y Huelva y es la última instancia andaluza.

Esta Sala de lo Social acentúa su importancia por cuanto, entre otros asuntos, conoce de la siniestralidad laboral, de la cesión ilegal de trabajadores, del hostigamiento laboral y sabe de la utilización miserable de los inmigrantes. Conocimientos que le permite determinar si existen comportamientos que, además de consecuencias laborales, pudieran corresponder a otros ámbitos judiciales como el penal. Sus magistrados están obligados a deducir testimonio a la fiscalía de actuaciones que pudieran ser constitutivas de delito y la fiscalía está obligada a recurrir sus sentencias cuando se aparten de la Doctrina General del Derecho en el Estado. Son algunas circunstancias que destacan su relevancia para la sociedad en general y la andaluza en particular. Más aún en unos tiempos en los que en Andalucía la siniestralidad laboral sigue avanzando; los abusos laborales sobre inmigrantes son el pan nuestro de cada día y se pretende que las comunidades autónomas sean la máxima instancia judicial sin que se rompa la doctrina uniforme del Estado. En la Sala, pues, no se agotan las respuestas en derecho cuando merezcan otras que las complementen para que la víctima alcance el grado máximo de satisfacción y la respuesta de los tribunales sea la misma en todo el Estado. La Sala, por tanto, exige una presidencia idónea a estos fines. Y es aquí donde quiero poner el acento. No ya por cuanto el recién nombrado carezca de la idoneidad adecuada que, sin duda, la tiene y así lo ha dicho el CGPJ, sino porque entre los solicitantes a esta presidencia se sabe que se encontraba un magistrado que también ocupa plaza, en esta ocasión de marido, de la Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Sevilla, como también se sabe de su pertenencia a Jueces para la Democracia.

Ahora, bien, con independencia de su valía profesional, me pregunto si es razonable desde las obligaciones fiscales y judiciales, miradas constitucionalmente, que pueda aceptarse por el gobierno de los jueces que se ostente una presidencia por parte de personas cuyas decisiones jurisdiccionales tienen que ser fiscalizadas por otras a las que se están unidas personalmente, sin que exista el peligro de que sus decisiones queden contaminadas, tal como se entiende por la doctrina constitucional. También cabe preguntarse si, desde el punto de vista asociativo, estas situaciones se deben asumir con naturalidad.

Entiendo que no. Y entiendo que no porque esta convivencia introduce un elemento personal que puede dificultar el funcionamiento normal de las instituciones en un Estado de Derecho y, por tanto, el propio sistema. Dicho con claridad son convivencias que quiebran las apariencias de forma y objetividad cuando sala y fiscalía tengan que tomar decisiones sobre los mismos asuntos y que, lógicamente, pueden hacer que provoquen una pérdida de confianza de los ciudadanos. No se comprende. La función jurisdiccional y su fiscalización no parece que, en un sistema democrático, sea conveniente se realice por personas que estén unidas por vínculos tan fuertes como el matrimonio.

En fin, llegados aquí, no se si el si el CGPJ ha optado por no conceder la plaza de este aspirante a presidente por estas razones; por otras o, sencillamente, como se dice en corrillos judiciales, porque "se debe ser cocinero antes que fraile". En cualquier caso bienvenida la decisión; con ella se puede haber impedido que fiscalía y sala de Sevilla quedaran afectadas ante los ciudadanos por circunstancias que nada tienen que ver con lo judicial. Claro que lo que no ha impedido esta solicitud es que, por primera vez en esta legislatura, parte de la llamada izquierda progresista del CGPJ terminara votando junto con la llamada conservadora al candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura. Revelador, por lo que no estaría nada mal que ahora que el proyecto de Reforma de la Ley Organiza del Poder Judicial está en el Congreso se pudieran introducir enmiendas que eviten situaciones de esta naturaleza o, al menos, se debatan.