"Vamos a volcarnos con los menores de Canarias"

Jesús Caldera (Béjar, Salamanca, 1957) tendrá que explicar este jueves en el Congreso qué se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante la oleada migratoria que ha dejado a 20.000 indocumentados en Canarias y ha colapsado los centros de menores de las islas con 700 chavales. Niega que la avalancha se deba a un efecto llamada provocado por el último proceso de regularización, asegura que el sistema de traslados a la Península ha funcionado y anuncia que el Ejecutivo "se va a volcar" con Canarias para aliviar los centros de menores de las islas.

Pregunta. Se le reprocha que no interrumpiera sus vacaciones por la ola migratoria de Canarias.

Respuesta. Yo sólo lo he escuchado al PP. Este ministerio se ocupa de la inmigración legal y de los programas de acogida y ha estado durante todo el verano dirigiendo esas operaciones. Un periodo con la secretaria de Estado de Inmigración y otro con el ministro. Yo sólo he estado ausente del ministerio 13 o 14 días. Los programas de acogida han funcionado perfectamente.

"El PP fomenta un debate muy irresponsable sobre el número de inmigrantes irregulares en España. Son muchos menos de 700.000"

"Si en julio y agosto han llegado diariamente cientos de personas y se hacen traslados a diario, es imposible avisar con 20 días de antelación"

"Pensamos que en estos seis meses [entre junio y diciembre de este año] podemos acercarnos a los 800.000 contratos indefinidos"

P. El PP dice que las mafias captan clientes con una fotocopia del decreto de regularización.

R. Más que un efecto llamada hay un efecto huida de la miseria y la falta de oportunidades. Es la cercanía de Canarias, Italia y Malta lo que las hace que lleguen allí. Si Alemania o Inglaterra estuvieran más cerca de África irían allí. Hoy hay 2,3 millones de personas trabajando legalmente entre nosotros...

P. Hablamos de la irregular.

R. La inmigración ilegal es negativa, perjudica al propio inmigrante y a las sociedades de acogida. Cuando llegamos al Gobierno decidimos legalizar a las personas que ya estaban en España y que entraron en época del PP, siendo ministros del Interior Rajoy y Acebes. Lo hicimos de acuerdo con empresarios, sindicatos y todas las fuerzas políticas salvo el PP. Fue una decisión correcta. Francia, Bélgica, Italia, Grecia, Portugal han hecho procesos de regularización. España lleva cinco. Tres con el PP, que regularizó a 480.000 personas. En la de este Gobierno fueron 570.000, pero exigiendo contrato de trabajo, que en los anteriores no se exigió. Atribuir a la legalización del empleo sumergido un efecto llamada es irresponsable y de una hipocresía moral inadmisible.

P. Y se le acusa de generar un efecto llamada con unas palabras suyas en la cumbre de Rabat sobre posibles regularizaciones.

R. La cumbre de Rabat de julio fue muy importante porque por primera vez Europa y África pusieron en común elementos para abordar la inmigración. Dije que el Senado, el 20 de junio de 2006, aprobó una resolución por unanimidad que instaba al Gobierno a estudiar otras posibilidades de concesión a los indocumentados de autorizaciones de residencia y trabajo de carácter extraordinario hasta la ejecución de la salida efectiva del territorio comunitario. Dije que íbamos a estudiar el acuerdo, pero el Gobierno no ha tomado ninguna decisión.

P. Precisamente trasladan de Canarias a la Península a los inmigrantes que es imposible expulsar.

R. El Congreso aprobó los traslados cuando gobernaba el PP, que trasladó en año y medio a más de 11.000 sin avisar y sin plan de acogida. Al llegar al Gobierno hicimos un protocolo para seguir con los traslados, pero incorporando una comisión mixta del Gobierno con las comunidades autónomas y a la que hemos vuelto a convocar para seguir hablando de la situación y pedirles que ofrezcan todas las plazas que tengan.

P. Pero el grueso de los acogimientos los hacen ONG.

R. Sí, acogen al 80% y hacen un trabajo extraordinario con ayuda económica del Gobierno, que ha multiplicado por mucho la ayuda. Este año se han trasladado 11.800 personas y siempre se han dado los avisos...

P. Pero sólo con un fax.

R. El aviso es con múltiples medios. Pero si en julio y agosto han llegado diariamente cientos de personas y se hacen traslados a diario es imposible avisar con 20 días de antelación. Se avisa siempre, salvo una vez que el Ministerio del Interior, que es el que hace los traslados, no avisó a la Generalitat de Cataluña y lo hemos reconocido.

P. Viendo los datos de acogida, parece que las comunidades no hacen el suficiente esfuerzo.

R. Hay comunidades que acogen a muy poca gente, como Castilla y León y La Rioja. A la vista de los datos no es justa la crítica del PP de que se castiga a sus comunidades. Pero no quiero polemizar.

P. La cuestión es que sigue habiendo inmigrantes inexpulsables, que luego salen a la calle y tampoco pueden trabajar. ¿Cuántas personas están en esta situación?

R. El PP fomenta un debate muy irresponsable sobre los inmigrantes irregulares en España. La población extranjera empadronada según el INE está en 700.000 personas más que los que tienen permiso de residencia. De esos, 200.000 no han renovado su inscripción padronal y serán dados de baja. Del medio millón que queda, hay un porcentaje importante de ciudadanos europeos, que puede vivir en España sin permiso de residencia y se empadronan. ¿Que hay irregulares? Sí claro, pero en una cantidad muy inferior a esos 700.000... El PP habla de millón y medio, que no sé de dónde lo saca. Pero es cierto que se da una contradicción con esos inexpulsables.

P. Están en un limbo legal.

R. Por eso el Senado aprobó esa resolución, que puede ser contraproducente porque la política a fomentar es la repatriación humanitaria de las personas ilegales. Es un asunto muy delicado con elementos favorables como que puedan trabajar legalmente, pero también esos permisos pueden estimular el mantenimiento de estas personas en España.

P. El Gobierno canario está especialmente preocupado por los menores inmigrantes que saturan sus centros de acogida.

R. Canarias tiene un grave problema con el tema de los menores. El Gobierno se va a volcar con la comunidad de Canarias para solucionar ese problema.

P. ¿Una distribución, por ejemplo?

R. Y más cosas, porque Canarias no puede atender sola a estos menores. Aún tengo que pactarlas esta semana con el Gobierno canario.

P. Ministro, los datos de empleo parecen sonreírle.

R. Siempre fui optimista en este aspecto. Hemos buscado el acuerdo social y laboral y empieza a dar buenos rendimientos. La economía ha aumentado su ritmo de crecimiento desde que llegamos al Gobierno, aunque el PP dijo que con nosotros se iba a hundir la economía. Desde el segundo trimestre de 2004, la economía ha ido creciendo más y mejor.

P. España mantiene la mayor tasa de temporalidad en el empleo.

R. Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos dos mercados laborales: uno de personas de más de 40 o 45 años con contratos indefinidos; y otro con menores de esa edad con una tasa de precariedad muy elevada. Lo que se buscó fue que con el mismo volumen de contratación se fueran haciendo más contratos indefinidos. En estos dos meses [desde junio] el total de contratos fijos, entre los que tienen ayuda económica y los que no, suman 257.000. Pensamos que en estos seis meses [hasta diciembre] podemos acercarnos a los 800.000 contratos indefinidos.

P. Qué otras medidas o leyes va a sacar adelante su departamento con carácter inmediato.

R. Un estatuto para los trabajadores autónomos, que ya hay más de tres millones, dialogado con ellos. Seguramente lo llevaremos en septiembre al Consejo de Ministros y dará satisfacción a las peticiones de este sector de aproximar su protección social a la de los trabajadores por cuenta ajena. Luego tenemos dos grandes leyes: Dependencia e Igualdad. El año próximo los Presupuestos del Estado incorporarán 400 millones de euros para atender a los dependientes empezando por los casos más graves, los que no pueden valerse sin la ayuda de un cuidador, que son unas 200.000 personas.

P. Este verano ha crecido la preocupación por los asesinatos de mujeres. ¿Qué está fallando?

R. Ha aumentado el número de fallecidas, lo que es una tragedia. El verano es muy mal periodo para esto. Muchos de estos crímenes son pasionales, responden a una conducta desordenada en la que el agresor se suicida.

P. ¿Es cierto que las mujeres maltratadas apenas piden protección?

R. Cada vez más. Pero el 85% de las fallecidas este año no la habían pedido o, teniéndola, había dado otra oportunidad al agresor. Mire, tenemos un servicio de teleasistencia, un teléfono que una maltratada puede pedir y que, si se está en riesgo, puede conectarse con una central de riesgo que inmediatamente le envía un servicio sanitario, policía... Tenemos 4.500 usuarias y tenemos 20.000 terminales a su disposición. Atendemos cuatro o cinco casos de media diaria. Y en muchos casos seguro que estamos ayudando a esa mujer, o incluso evitando una agresión o salvándole la vida. Pido a las mujeres con problemas que nos pidan ayuda.