El Gobierno defiende la validez de la resolución de la CNE y rechaza negociar con el grupo alemán
La vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que España seguirá defendiendo ante la Comisión Europea (CE) que la autorización de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de E.ON "se ajusta a la legalidad comunitaria". "El Gobierno va a seguir defendiendo la posición que ha mantenido hasta ahora porque creemos que tenemos razón", afirmó Fernández de la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La vicepresidenta subrayó que el requerimiento que ha recibido el Gobierno de la CE, en el que Bruselas muestra su discrepancia con las condiciones que impuso la CNE a la OPA de E.ON sobre Endesa, se produce tras un análisis "preliminar".
El Gobierno, explicó, ha dado toda la información que le ha sido solicitada y ha defendido que las decisiones de la CNE están ajustadas a la legalidad comunitaria. "Seguimos manteniendo esa posición", dijo.
El pasado 3 de agosto, la Comisión remitió a España una primera carta en la que pedía aclaraciones a la decisión del regulador energético. El Gobierno contestó a los ocho días argumentando que las condiciones impuestas persiguen proteger el suministro energético.
España considera que la autorización condicionada respeta los principios comunitarios de proporcionalidad y no discriminación, y se ajusta a las normas de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento.
Preguntada por una eventual negociación con la eléctrica alemana, Fernández de la Vega fue tajante: "El Gobierno no negocia cuestiones que afectan a las empresas", ya que "es a las empresas a las que compete negociar, no al Gobierno".
El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, había mostrado su disposición a negociar un acuerdo con Industria en el trámite del recurso de alzada sobre la resolución de la Comisión Nacional de la Energía, algo que legalmente no está contemplado en dicho proceso administrativo.
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