La causa de la causa

La 'caja negra' del tren que descarriló el pasado lunes en Villada (Palencia) -seis muertos y 36 heridos, de los que tres seguían ayer en estado grave- registra que el conductor había acusado recibo (pulsando el botón correspondiente) de la señal indicativa de que tenía que reducir la velocidad para efectuar un cambio de vía. Sin embargo, no lo hizo y en el momento del descarrilamiento circulaba a una velocidad cuatro veces superior a la que debía. Así lo recoge el adelanto facilitado ayer por el Gobierno del informe de la comisión formada por técnicos de Fomento, Renfe y la empresa que gestiona las infraestructuras ferroviarias (ADIF).

Los datos registrados en la caja negra apuntan hacia un error humano del conductor. Éste, sin embargo, ha declarado que siguió en todo momento las instrucciones recibidas por el sistema electrónico. Ello ha hecho que los sindicatos pidan que no se dé el asunto por zanjado y se siga investigando. Y recuerdan que ya con ocasión de un accidente similar -25 heridos- registrado en 2005 en la misma zona se hizo una serie de recomendaciones para reducir las posibilidades de error humano que no se han aplicado.

No hay duda de que la causa inmediata fue, como adelantó la ministra de Fomento, el exceso de velocidad; pero lo que interesa es saber la causa de la causa: por qué el tren no redujo la velocidad a tiempo. E incluso si quedase establecido sin lugar a dudas que hubo un fallo humano, habría que indagar si no debería existir un sistema automático de corrección de ese error; si debería haber existido ya o, en todo caso, si deben instalarse a partir de ahora.

Ésa es una de las misiones que la Ley del Sector Ferroviario, en vigor desde enero de 2005, atribuye a la comisión encargada de elaborar un informe técnico sobre cada accidente.

Además de una "descripción detallada de los hechos" y una hipótesis sobre las posibles "causas del accidente" y "cuantas anomalías, deficiencias e irregularidades guarden relación" con el mismo, el informe debe incluir "las recomendaciones sobre la forma de prevenir otros accidentes". El propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), entidad pública creada por la Ley de 2005 y componente obligado de las comisiones investigadoras de accidentes, tiene por misión "optimizar los recursos disponibles" para, entre otras cosas, "garantizar la seguridad de los usuarios".

El informe no tiene por objeto establecer eventuales responsabilidades personales, tarea que corresponde a los tribunales. Pero sí ofrecer los datos necesarios para que los responsables políticos transmitan a la opinión pública la información disponible y su valoración, así como posibles medidas para aumentar la seguridad. La ministra de Fomento tendrá ocasión de hacerlo en la comparecencia parlamentaria que ha solicitado.