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Reportaje:

Homofobia o problemas de herencia

Una pareja homosexual se topa con la oposición de su familia para compartir una vivienda

Antonio Pérez Torres, de 54 años, y su marido, José Manuel García, de 47, viven en Madrid, aunque su intención es la de volver a la tierra natal de Antonio, la localidad sevillana de Gerena. Esa idea les llevó hace meses a regresar al municipio hispalense para ocupar parte de una vivienda de más de 200 metros cuadrados que le pertenecía en parte a Antonio por herencia y que debía compartir con su hermana y su familia.

"Para acceder a la planta superior, donde teníamos nuestra vivienda, debíamos pasar por casa de la hermana de Antonio y, en más de una ocasión, sus familiares nos insultaron y agredieron", explica García, quien asegura que, entre las ofensas, oían esta frase repetidamente: "La casa no será para los maricones".

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La pareja denunció al marido de Antonia, la hermana de Pérez Torres, por supuestos insultos y agresiones. El denunciado fue condenado a una multa por una falta. Algo más tarde ocurrió un nuevo altercado que definió el futuro de la pareja en el pueblo. "El hijo de Antonia nos agredió a los dos, a Gabriel -un amigo que vive con nosotros- y a otra amiga que nos visitó", añade García.

Según narra este hombre, fue durante la procesión de un paso de Semana Santa por la calle en la que se encuentra la vivienda disputada. El sobrino de Pérez Torres, algo mayor de 20 años, se dispuso a entrar en la casa y se encontró con su tío, el marido de éste y los dos acompañantes de la pareja. "A Gabriel le dio un rodillazo en la pierna y todavía está rehabilitándose", asegura José Manuel García, quien no tiene inconveniente en mostrar los partes médicos de su amigo que determinan que sufrió una agresión.

La pareja decidió marcharse del pueblo poco después del altercado. El juicio por este suceso se encuentra en la fase de diligencias previas, por lo que todavía no está probado que los hechos sucedieran exactamente de esta manera.

Una difícil división

La última disputa de esta familia tiene que ver directamente con el inmueble. Después de no llegarse a un acuerdo amistoso sobre la partición de la vivienda, ambas partes pusieron el asunto en manos de sus abogados. Una sentencia ya ha dictaminado que debe haber una división en la casa y que tiene que construirse un acceso para que la segunda planta sea independiente.

Antonia Pérez Torres, la hermana de Antonio y propietaria, junto a éste, de la casa, no quiso hacer declaraciones sobre este asunto y se limitó a afirmar que el problema entre ella y su hermano es un "conflicto privado y familiar" y que no quiere sobredimensionar el asunto en los medios. Otro de los hermanos de la familia, Manuel Pérez, insiste en la misma idea: "Es un asunto familiar sacado de lugar. No creo que exista otro problema, más que el de una disputa familiar".

José Manuel García y Antonio Pérez acudieron al Ayuntamiento después del incidente con el sobrino del segundo para pedir apoyo al alcalde, Jacinto Pereira (PSOE), quién, en un principio, no dudó en escucharles, tal y como ellos reconocen. "Nos pusieron escolta para entrar y salir de casa", recuerda García.

Los refuerzos de seguridad de la policía local duraron una semana. "A los siete días ya no estaban", relata José Manuel, quien considera que el primer edil les retiró la guardia debido a una conversación con otro de los hermanos de Antonio quien, asegura, es compañero del alcalde. Por esta razón, la pareja salió a la calle con una pancarta en la que se podía leer "El PSOE permite la homofobia".

Fuentes municipales niegan por completo esta afirmación. "Nos quedamos atónitos cuando nos enteramos de lo que decían Antonio y su pareja. Negamos todas estas acusaciones. Se les ha dispensado un trato correcto y cordial, como a otros vecinos: los recibimos y escuchamos su problema. El Consistorio no puede entrar en un conflicto que es de índole familiar y que debe resolverse, en último caso, en los tribunales. La policía local prestó un servicio cuando se solicitó, pero el Ayuntamiento no dispone de agentes suficientes para mantener dicho servicio cada día durante las 24 horas", asegura un portavoz municipal.

Esta misma fuente aseguró que el Consistorio se reserva el derecho a tomar medidas de carácter judicial, "teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones" vertidas sobre el mismo. "No consentiremos que se nos calumnie gratuitamente", añade dicho representante quien, con respecto a la supuesta amistad entre el alcalde y un familiar de Antonio Pérez, alega que "en un pueblo de poco más de 5.000 habitantes todo el mundo se conoce, por lo que es normal que se relacionen o que se les haya visto juntos".

El alcalde Pereira ha oficiado ya dos matrimonios homosexuales en el municipio, donde un juez de paz también celebró la boda entre Antonio Pérez y José Manuel García hace seis meses. "Nunca se ha tratado mal a los homosexuales en este pueblo que, a pesar de ser muy pequeño, siempre se ha tomado esas cosas de manera natural", afirma el portavoz del Consistorio.

Las asociaciones de gays y lesbianas, en su mayoría, han dejado pasar este asunto o han retirado el apoyo a la pareja, según estima García. "Nosotros, que hace años participamos activamente en Cogam (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid), no hemos contado con ellos en este asunto, ni con otras asociaciones", destaca García, quien recuerda que, en una manifestación en Madrid en la que portaban una pancarta en la que se hacía referencia a la supuesta homofobia del grupo socialista, los representantes de las asociaciones "se opusieron" a su iniciativa.

Por su parte, desde la asociación de gays y lesbianas Colega, que facilitó asesoramiento legal a la pareja durante los procesos judiciales, aseguran que el asunto es muy "complejo".

El asesor legal de la asociación, Manuel Salazar, solicitó una orden de alejamiento para uno de los hijos de Antonia Pérez, pero el juez la denegó. "Es paradójico que un juez diga que no es posible dar la orden debido a que Antonio no vive allí, cuando el problema real es ése mismo", comenta el asesor. El juez determinó que no podía aplicarse la orden porque los afectados no vivían en el mismo edificio en el momento del juicio, ya que la pareja ya había regresado a Madrid.

Manuel Salazar asegura que en septiembre volverá a pedir la resolución de alejamiento y q

ue confía en tener más suerte la esta próxima vez.

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