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El plan general de Brunete elevará la población de 9.000 a 70.000 habitantes

El Ayuntamiento, del PP, pretende construir 20.000 nuevas viviendas

Esther Sánchez

El PP de Brunete está a punto de conseguir, tras seis años de tramitación, que el Gobierno de Esperanza Aguirre le dé vía libre para construir 19.616 nuevas viviendas y elevar así su población de 9.000 habitantes a más de 70.000. El nuevo plan general tiene informe favorable de la Comunidad, pero todavía falta la aprobación del Consejo de Gobierno. Ecologistas en Acción y grupos de la oposición afirman que esta actuación es un ejemplo más de crecimiento especulativo, que se olvida de los vecinos y pasa por alto los efectos negativos sobre el Parque del Guadarrama.

El largo camino del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, un pueblo situado a 33 kilómetros de Madrid, a los pies de la sierra del Guadarrama, comenzó en diciembre de 2000. Desde entonces, la propuesta ha sufrido varios reveses que han retrasado su aprobación definitiva.

La Comunidad tumbó la propuesta en dos ocasiones, e incluso rebajó las pretensiones urbanísticas del municipio y vetó la edificación en zonas protegidas. El equipo de gobierno, del PP, se vio obligado a aumentar la protección al Parque Regional del Guadarrama y redujo de forma drástica el suelo que dejaba libre para edificar en un futuro, que pasó del 63% del término municipal al 25%.

El texto actual, al que la Comisión de Urbanismo de la Comunidad ha dado el visto bueno, propone la edificación de 19.616 nuevas viviendas (el 42% protegidas) en un total de 861 hectáreas, que se convierten en suelo urbano sectorizado (preparado para iniciar su construcción en el momento en que el plan se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid). En la actualidad, los inmuebles de Brunete están edificados sobre 198 hectáreas.

El crecimiento se distribuye en ocho sectores, que se extenderán en forma de doble corona al este del casco urbano y de la carretera M-600. Hay proyectadas también tres zonas para los sectores terciario y comercial, que ocupan una franja de 97 hectáreas junto a la M-501 (autovía de los pantanos), cuya calzada ya está duplicada hasta Brunete.

Metro ligero

En cuanto al transporte público, el plan prevé una reserva de suelo junto a la carretera M-513, que une Brunete con Boadilla, para llevar el metro ligero al municipio. También se reserva una zona para duplicar esta vía.

El alcalde, Félix Gavilanes, del Partido Popular, se muestra "muy orgulloso" del plan general que se ha conseguido. "Ordenamos para el futuro todo el suelo del municipio. Es un documento muy consensuado, en el que la Comunidad ha tenido la última palabra. Nosotros pusimos la base, pero el Gobierno regional es el que ha rematado la actuación", comenta. El regidor aclara también que el 70% del término está protegido y que las viviendas aparecerán de forma paulatina, "en unos 20 años".

Un cálculo que le parece muy optimista al portavoz del PSOE, Fernando Corvo. "Llevamos mucho tiempo de retraso con el plan, seguro que los edificios están levantados en ocho años".

Las formaciones políticas de la oposición (PSOE, IU y una concejal no adscrita procedente del PSOE) se han opuesto al modelo urbanístico propuesto para el municipio desde sus inicios. El crecimiento al que se va a someter a Brunete les parece desmesurado y las infraestructuras proyectadas insuficientes.

Durante la tramitación del plan, los socialistas interpusieron una denuncia contra el alcalde por un supuesto delito de prevaricación por firmar convenios urbanísticos con técnicos contratados por él para la redacción del plan general. Éstos, según el fiscal de Medio Ambiente, mantenían "importantes intereses urbanísticos privados" en el municipio. El procurador del PSOE asegura que el procedimiento continúa abierto en el juzgado.

Por otra parte, vecinos, IU y una concejal no adscrita denunciaron el pasado mes de junio el PGOU ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El fiscal ha comunicado a los denunciantes que ha sumado estos escritos a la causa que sigue el juzgado de Móstoles contra el alcalde de Brunete. El alcalde replica que la causa ya ha sido sobreseída.

El urbanismo de Brunete se rige por un plan de hace 25 años, elaborado por la extinta Comisaría de Planeamiento del Área Metropolitana (Coplaco).

Vecinos contra el proyecto

El plan ha chocado con la oposición frontal de vecinos, grupos municipales de la oposición (PSOE, IU y una concejal no adscrita) y Ecologistas en Acción. El grupo ecologista lo tacha de "barbaridad". "Es un modelo de desarrollo masivo que no tiene en cuenta los impactos negativos que la llegada de toda esa población va a tener sobre el Parque Regional del Guadarrama", explica Angelines Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.

También se ponen en peligro corredores ecológicos que comunican el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Alberche y Cofio, según la organización ecologista.

Los vecinos critican, además, que se mantenga una línea de alta tensión de 380.000 voltios junto a viviendas de la urbanización Valle de los Rosales. Donde, además, se pretende construir otras 2.000 casas. Con el agravante, dicen, de que el plan general sí contempla el desvío o soterramiento de esta misma línea en el futuro desarrollo de una urbanización denominada La Pellejera.

El desarrollo urbanístico de La Pellejera es una de las grandes apuestas del equipo de gobierno. En un entorno de 800 hectáreas y propiedad del grupo Lugarce, se levantará una urbanización de lujo con 1.600 unifamiliares, la mayoría en parcelas de más de 1.000 metros, un campo de golf de 18 hoyos y una zona central con edificaciones de dos plantas más y bajos comerciales.

Además, aseguran que el plan general no justifica de dónde va a salir el agua necesaria para el abastecimiento de la población futura, ni la utilización de agua reciclada para el campo de golf de La Pellejera.

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Sobre la firma

Esther Sánchez
Forma parte del equipo de Clima y Medio Ambiente y con anterioridad del suplemento Tierra. Está especializada en biodiversidad con especial preocupación por los conflictos que afectan a la naturaleza y al desarrollo sostenible. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y ha ejercido gran parte de su carrera profesional en EL PAÍS.

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