Lo peor de lo peor de cada cárcel

Las cárceles reúnen en un espacio reducido a lo peor de cada casa. Y dentro de ese colectivo de casi 64.000 personas que están hoy en España, existe un subgrupo, de lo malo lo peor, que requiere un control especial por su peligrosidad u otros motivos. Ésos a los que este mismo año se les han requisado 628 armas caseras. Son los incluidos en el llamado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha modificado la composición de ese catálogo, para eliminar del mismo categorías de presos inexistentes y "desfasadas", como los insumisos, y para incluir otras nuevas. La mayor novedad es la inclusión de aquellos presos "que sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical, por su afinidad al ideario terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario".

El FIES nació en 1996 rodeado de críticas y aguijoneado de recursos de presos contra su legalidad. Sin embargo, dentro de los penales los funcionarios siempre reclamaron información precisa sobre sus internos "de alta peligrosidad, en atención a la gravedad de su historial delictivo o a su trayectoria penitenciaria". En esa categoría, en los primeros años del fichero, entraron los remanentes de la llamada Coordinadora de Presos en Lucha (Copel), de carácter anarquista, organizadores de los grandes motines de los años 70 y 80.

Las categorías iniciales de preso que conformaban el FIES han quedado en muchos casos obsoletas, por lo que la directora de prisiones, Mercedes Gallizo, ordenó su actualización, teniendo en cuenta "la experiencia acumulada en estos años, la evolución de la criminalidad en nuestro país", así como para adaptarla a la jurisprudencia "sobre la falta de claridad de algunos apartados" y la "anulación de algunos conceptos".

Dos categorías se han caído del FIES: la de narcotraficantes y la de insumisos. Los primeros han sido incluidos en el concepto más amplio de delincuencia organizada, "más acorde con su verdadero contenido y con el concepto de esta forma diferenciada de criminalidad", caracterizada por "su especial peligrosidad". En esta categoría entra también el subgrupo eliminado de internos "vinculados a delincuencia común de carácter internacional". En el caso de los insumisos, se elimina porque el delito ya no existe.

El fichero se divide ahora en cinco apartados: el FIES uno, destinado a presos sometidos a control directo por su peligrosidad y por inducir motines y altercados; el dos, destinado a delincuencia organizada; el tercero, apropiado para miembros y colaboradores de bandas armadas y elementos terroristas; el cuarto, previsto para proteger a los funcionarios policiales y de prisiones condenados, que requieren ser protegidos de los otros presos, y el quinto, algo más heterogéneo, destinado a reclusos "de características especiales".

Este apartado es el que incluye a los presos no condenados por terrorismo islámico que se han revelado en prisión como un nido de proselitismo. La Operación Nova, desarrollada por el juez Baltasar Garzón tras el 11-M, reveló cómo un grupo de fanáticos, la mayoría condenados por drogas, se habían convertido en un imán de atracción de musulmanes, la mayoría pobres y sin apoyo social, a los que acababan convirtiendo al radicalismo salafista.

La posible captación intramuros de candidatos a terrorista, dentro de lo peor de cada casa, se considera uno de los mayores riesgos que los presos corren en prisión. Jamal Ahmidan, El Chino, uno de los supuestos autores del 11-M que se suicidó en Leganés, se radicalizó en una cárcel marroquí donde fue internado por un asesinato sin tintes terroristas. Sólo una pequeña parte de los presos implicados en los planes para volar la Audiencia Nacional desbaratados en la Operación Nova estaba condenado por terrorismo. El resto, por lesiones o drogas, e incluso uno por matar un amigo en Almería tras comer juntos.