Aclaraciones sobre las cajas de ahorros

En la información publicada en su periódico el pasado domingo, 30 de julio, titulada Las cajas de ahorros, en manos de los políticos. 'Más del 80% de los puestos de la comisión ejecutiva corresponde a partidos o sindicatos', se realizan afirmaciones erróneas y no contrastadas y, dado que afectan a entidades que representan más del 50% del sistema financiero español, nos gustaría aclarar lo siguiente.

No es cierto que "más del 80% de los consejeros que se sientan en las comisiones ejecutivas de las cajas son políticos o sindicalistas". Ésta es una conclusión producto de una simplificación y confusión entre organismos públicos e instituciones privadas, y en la Memoria citada como fuente no existen datos ni información alguna que pudieran conducir a esta conclusión.

Los datos de la Memoria de Responsabilidad Corporativa del Sector corresponden a las instituciones que designan a sus representantes y al peso de estos en los órganos de gobierno, pero no al carácter personal y/o profesional de su procedencia.

De hecho y como se afirma en la página 30 de la Memoria: "En particular, la no preponderancia de la participación pública se manifiesta en que ni siquiera agregando la correspondiente a las distintas instancias de esta naturaleza -corporaciones municipales y provinciales, instituciones autonómicas y, en su caso, entidad fundadora, si es de carácter público- puede alcanzarse más del 50% de participación en ninguno de los órganos rectores. Se considera, por tanto, que todas esas administraciones públicas pueden participar en la designación de los órganos rectores, pero no de tal forma que invadan el espacio de la sociedad civil para designar a otros integrantes de estos órganos".

En los órganos de gobierno de las cajas de ahorros se encuentran presentes los diferentes grupos que representan los intereses de la sociedad: algunos de ellos son de carácter público (ayuntamientos y comunidades autónomas); otros, mixtos (entidades fundadoras), y otros, privados (impositores/clientes, trabajadores y entidades de interés general). Para acceder a estos órganos de Gobierno se realizan elecciones y cada grupo presenta sus candidaturas en función de los criterios que de forma pública y transparente se establecen. Además, hay que tener en cuenta que, en muchos casos, los organismos públicos eligen como representantes a personas por sus méritos profesionales o empresariales y sin ninguna vinculación política.

Dada esta situación y en sentido completamente distinto al que se atribuye en la información, el Parlamento español decidió en su día establecer que, debido al carácter privado de las cajas de ahorros, la representación de los grupos de interés de carácter público (ayuntamientos, comunidades autónomas y algunas entidades fundadoras) no podía superar el 50% del total; porcentaje que, como se puede ver en la Memoria de RSC del Sector (www.ceca.es) y no en el texto de la información que ha reproducido los datos de forma equívoca, es hoy del 46%.

El porcentaje restante, es decir, la suma de impositores, trabajadores y entidades de interés general, es del 54%, y en estos grupos los representantes lo son por su condición privada de ciudadanos, independientemente de cómo se hayan organizado para participar en el proceso electoral. Enfocado de otra forma induce a confusión y lleva a conclusiones equivocadas, como ha ocurrido al interpretar que el grupo de impositores y el de los trabajadores tienen carácter público..