Los alcaldes del PP eluden pronunciarse y los del PSOE preparan la retirada de símbolos

El proyecto de Ley de Memoria Histórica aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que ahora comienza un difícil trámite parlamentario, plantea una recomendación a los ayuntamientos para que se retiren símbolos franquistas que todavía perduran en algunas ciudades. Distintos alcaldes dieron ayer su opinión sobre esta ley. Los regidores del Partido Popular se tomaron el anuncio con cautela y eludieron en su mayoría hacer declaraciones. Algunos alcaldes de izquierdas saludaron la iniciativa como un modo de superar definitivamente el franquismo.

- Cataluña. El alcalde de Barcelona, Joan Clos (PSC), quiere eliminar la simbología franquista que pervive en cerca de 150 pequeñas placas de las viviendas públicas de la época y, sobre todo, actuar en las dependencias militares -como cuarteles y el Gobierno militar- y retirar la simbología franquista. Y especialmente la que contiene el castillo de Montjuïc en el interior del museo, algo que se espera alcanzar con la sesión plena del uso de la fortaleza. El Ayuntamiento de Barcelona ha tenido una política activa en la retirada de monumentos y esculturas con simbología franquista. Uno de ellos, el monumento a los Caídos, que se levantó en la entrada de la Diagonal, fue definitivamente retirado en 2005.

Anna Pagans, alcaldesa de Girona (PSC), declaró ayer que en la ciudad prácticamente no quedan símbolos fascistas. "Todos fueron retirados en los primeros años de la democracia o, en algunos casos, han sido recubiertos con un metacrilato donde hay un texto con finalidad pedagógica", señaló, aunque añadió que "quizás ahora se decida retirar algún elemento -dos escudos con el yugo y las flechas- del puente de L'Aigua, entre Girona y Sarrià de Ter". Pagans explicó que algunos monumentos con frases donde se aludía a las víctimas del bando franquista "fueron cambiados por otros que aluden a los muertos de los dos bandos".

Tampoco en Lleida quedan calles con nombres franquistas, según su alcalde, Ángel Ros (PSC), "excepto cinco o seis alcaldes poco significativos del régimen, como alcalde Areny, que fue un gestor del municipio en un periodo difícil", añadió. Respecto a nombres franquistas de viviendas sociales, Ros recordó que han de ser los vecinos los que tomen la iniciativa. El polémico monolito a los caídos de la plaza Cervantes fue desposeído de toda la simbología franquista y el alcalde es partidario de mantenerlo en pie ya que fue construido con bloques de piedra de la antigua cárcel.

El alcalde en funciones de Tarragona, Francesc Ricomà (PP), prefirió darse un tiempo antes de tomar cualquier decisión respecto a los símbolos franquistas para que el equipo de gobierno (CiU y PP) decida qué hacer. "Lo que está claro es que el Ayuntamiento cumplirá con la ley", dijo. Por su parte, el portavoz municipal, Joan Aregio (CiU), fue más contundente y aseguró que "todo lo que esté dentro de las competencias municipales lo sacaremos".

- Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), eludió ayer pronunciarse. Fuentes municipales señalaron que no expresará su opinión hasta que no conozca con más detalle lo que prevé la nueva ley.

Alberto Fabra, alcalde de Castellón (PP), declaró: "Castellón ha sido siempre una ciudad liberal, tolerante y, por supuesto, fiel cumplidora de la ley. Si la ley establece ciertas normas, las acataremos. Estoy seguro de que la primacía de la convivencia y el espíritu de soberanía del pueblo castellonense van a conseguir que, en ningún caso, se produzcan rupturas porque la realidad es que, en estos momentos, vivimos en paz y en un sistema de gobierno plural y democrático que no debe generar disensiones sino buscar puntos de unión".

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi (PP), evitó pronunciarse. Fuentes municipales explicaron que Alperi prefería abstenerse de realizar comentarios porque su postura ya quedó suficientemente clara en el último pleno ordinario, cuando se discutió una moción presentada por los socialistas que se reclamaba la supresión de los vestigios de la dictadura que perduran en la ciudad, un total de 57 entre calles, plazas y monumentos. Los populares rechazaron la iniciativa al entender que sustituir los nombres franquistas "sería un enredo tremendo para los ciudadanos", y echaron en cara a los socialistas que no abordaran esta cuestión durante sus 16 años de gobierno municipal.

- Andalucía. El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), no quiso ayer valorar el proyecto de Ley de la Memoria Histórica. Según un portavoz oficial del Ayuntamiento, el alcalde no tenía "nada que decir" sobre el texto. En Granada, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, han ido desapareciendo casi todos los vestigios del franquismo, aunque los dos grupos de la oposición, PSOE e IU, esperan que la ley sirva para eliminar el más significativo de los que persisten: un monumento a José Antonio Primo de Rivera compuesto por cinco manos de hierro que sujetan unas alas sobre un contundente monolito de hormigón en el que se lee: "Granada a José Antonio". El grupo municipal de IU presentó en este mandato una moción en la que pedía la retirada de la escultura, ubicada en pocos pasos de la sede del Ayuntamiento, pero la moción fue rechazada por el gobierno popular.

La alcaldesa de Córdoba (IU), Rosa Aguilar, explicó que "la retirada de estos símbolos es una manera de superar de verdad el franquismo. La ley aprobada ayer se debe ver en sentido constructivo y debe servir para conciliar a la sociedad. Además, debe contribuir a resarcir del daño moral de las víctimas del franquismo".

Para Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla (PSOE), quienes se oponen a todo esto "no hacen sino demostrar que siguen teniendo aún una asignatura pendiente. O algo aún peor: están expresando escandalosamente es involución del pensamiento de la derecha española que desgraciadamente se viene produciendo en los últimos años".