Garzón ordena encarcelar a dos etarras contra el criterio de otro juez

El juez Baltasar Garzón volvió ayer por sus fueros. El magistrado, que sustituye al juez Santiago Pedraz, de vacaciones, ordenó la prisión preventiva de los etarras David Pla, Aitor Lorente y Ainara Esterán, por considerar que existe la alta probabilidad de que hubieran vigilado al senador y presidente del PP de Aragón, Manuel Giménez Abad, y que al pasar esa información a ETA hubieran sido cooperadores necesarios en su asesinato. Garzón ha justificado su actuación en que existe riesgo de fuga "más que evidente".

Lo llamativo del caso es que Pedraz, la semana pasada, se había negado a mantener en prisión a los etarras por entender que no hay pruebas específicas de que pasaran información sobre el senador del PP y por tanto de que fueran autores por cooperación necesaria de su asesinato, ocurrido el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza cuando acudía a un partido de fútbol con su hijo. Pedraz, además, archivó la causa, a sabiendas de que Pla y Lorente iban a ser excarcelados ayer tras haber cumplido la totalidad de los seis años de prisión a que habían sido condenados, precisamente por facilitar información de objetivos a ETA.

Pedraz alegaba que el archivo informático en que se basaban los nuevos informes no mencionaba a Giménez Abad sino a otra persona, que en los vídeos intervenidos a los etarras no aparecía el senador y que el asesinato se produjo 10 meses después de que los etarras fueran detenidos, por lo que la información, caso de haberla proporcionado, era ya anticuada.

Penas de entre 20 y 25 años

Garzón ha admitido un recurso de reforma del fiscal, que como efecto inmediato tiene que los dos etarras seguirán en prisión. Ainara Esterán no iba a salir hasta 2009 porque fue detenida en noviembre de 2000 y condenada a nueve años y seis meses por colaboración con ETA y tenencia ilícita de armas. El revés para los tres etarras es evidente, puesto que el asesinato terrorista que ahora se les imputa está castigado con penas que oscilan entre 20 y 25 años de cárcel.

Garzón, además, ha decidido revocar el archivo dictado por Pedraz y continuarlo como sumario, en el que ha adoptado ya con carácter de urgencia una serie de pruebas, como citar al hijo del senador asesinado para que explique cuál era el itinerario utilizado por él y su padre para ir al estadio de La Romareda. El juez ha recabado, entre otras diligencias, las declaraciones prestadas por varios etarras en otros juzgados y varios informes a la policía para que le digan si una información de 10 meses es antigua para ETA.

Garzón considera que la información que sobre la víctima transmiten los imputados a ETA "reúne todos los requisitos de fiabilidad y concreción exigidos por la ley para concluir, al menos provisionalmente, que sin la misma no se hubiera podido cometer el delito". Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que es un "hecho excepcional" el que un juez, estando de sustituto del titular, admita un recurso de reforma contradiciendo las tesis del primero.