El 38% de recursos de amparo ante el Constitucional los han presentado 'sin papeles'

El 38% de los recursos de amparo registrados en los seis primeros meses de este año en el Tribunal Constitucional están relacionados con la inmigración, según reveló ayer la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, que aseguró que desde hace 20 meses el Constitucional "está inundado" por recursos de extranjeros. Casas volvió a reiterar ayer la necesidad urgente de una reforma para evitar que los recursos de amparo impidan el trabajo efectivo de los magistrados.

La presidenta del Constitucional facilitó las cifras del número de asuntos que han entrado en el tribunal durante los seis primeros meses de 2006. Son un total 6.953, de los cuales 6.761 son recursos de amparo, y de éstos 2.600 (un 38% del total) han sido ejercidos por los inmigrantes. "Son cifras que producen escalofríos, no hay Tribunal Constitucional que lo resista", indicó María Emilia Casas para referirse al incremento de este tipo de recursos.

Esta situación se ve agravada si se tiene en cuenta que el porcentaje de los recursos de amparo que el Constitucional admite cada año no supera el 4%. Son precisamente estos recursos, se quejó Casas, los que merecen el tiempo y esfuerzo de los magistrados, y no el 96% restante, de los que hay que realizar providencias de inadmisión que ocupan mucho tiempo y "no se publican en ningún lado".

El número de providencias, que en la actualidad asciende a 13.000, podría aumentar en seis meses a 16.000 si continúa el ritmo actual, e impide el trabajo y las decisiones rápidas sobre cuestiones importantes como son, por ejemplo, los recursos contra los estatutos de autonomía, según la magistrada.

Petición de reforma

María Emilia Casas, que participó en la clausura del curso de Periodismo Jurídico organizado por la Escuela de Periodismo UAM/ EL PAÍS y el Consejo General del Notariado, solicitó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, actualmente en trámite en el Parlamento, para evitar el colapso. Sugirió para ello al menos tres cambios que impidan la llegada masiva de recursos de amparo. El primero sería una clarificación de las vías de llegada al Tribunal Constitucional de los recursos. El proyecto de ley que se encuentran en el Parlamento ya relaciona técnicas concretas sobre este asunto, como la extensión del incidente de nulidad de actuaciones con carácter general antes de interponerse un recurso de amparo.

El segundo cambio sería la exigencia a la demanda de amparo de que tenga un interés constitucional trascendente. Por último, según Casas, "el legislador tiene que buscar una vía para que el Tribunal Constitucional reinvierta los términos y haga un trabajo en positivo, y no un trabajo en negativo", esto es, la transición desde una modelo de inadmisión a un modelo de admisión de recursos de amparo "para dar su tiempo a aquello de lo que se va a ocupar, y no tantísimo tiempo perdido a aquello que no admite".