Urbanismo exprés en La Romana

El término municipal de La Romana, una localidad de 2.200 habitantes ubicada en la comarca alicantina del Vinalopó Mitjà, sólo tiene 43 kilómetros cuadrados, pero sus terrenos deben ser muy apetecibles para los promotores. Tanto, que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se va a quedar agotado cuando sólo han pasado 10 días desde que entró en vigor. El Ayuntamiento, gobernado por el PP con apoyo de la única concejal de una formación independiente, someterá a votación en el pleno de esta tarde cinco proyectos urbanísticos. Si la mayoría da el visto bueno, ya no quedará ningún sector de suelo residencial por adjudicar. Gracias a este urbanismo exprés, veloz y sin etapas, en un futuro no muy lejano La Romana se convertirá en un municipio de 6.000 a 8.000 habitantes tras la construcción de unas 2.000 nuevas viviendas.

Estas casas se repartirán casi a partes iguales entre el casco urbano y dos urbanizaciones situadas en el término de La Romana. En una de ellas se edificarán unas 600 viviendas y en la segunda otras 400, casi tantas como las que ahora existen en la localidad,

La rapidez con la que se han cubierto las previsiones del PGOU ha despertado las suspicacias del PSPV-PSOE, que comenzó el mandato gobernando, aunque en abril de 2005 fue desterrado a la oposición mediante una moción de censura pactada por los populares y la concejal de Iniciativa Independiente, Luisa García. La Romana no fue una excepción en un mapa político, el valenciano, en el que este tipo de maniobras suele acontecer cuando hay polémicas urbanísticas de por medio. Antes de cambiar de socios, García se apoyó en los votos del PP para aprobar una serie de modificaciones al PGOU en contra de la voluntad del PSPV, que apostaba por un planeamiento menos generoso con el desarrollo urbano. La regidora independiente justificó la moción de censura acusando a los socialistas de paralizar el desarrollo urbanístico de La Romana.

"Con el tiempo se ha visto cuáles eran sus intereses", manifestó el portavoz socialista, Enrique Rizo, que aseguró no comprender las "prisas" del Ayuntamiento por aprobar los cinco proyectos. "Es curioso que las empresas presentaran sus solicitudes en un mes, entre el 24 de mayo y el 30 de junio", añadió. Rizo sospecha que ha habido "connivencia" entre el gobierno local y los promotores, y lamenta que los planes no se hayan aprobado de manera escalonada: "No tiene sentido hacerlo de golpe, sin conocer las necesidades reales de crecimiento de la población, y menos cuando los sectores industriales que prevé el PGOU están ahí parados".

El alcalde, Manuel Hernández, del PP, negó que la celeridad con la que se han tramitado los proyectos responda a intereses ocultos. "Se llevan al pleno porque los han presentado los promotores", subrayó tras aclarar que en caso contrario se entendería que el Ayuntamiento les da luz verde por silencio administrativo. Hernández replicó que el crecimiento "no se producirá de golpe", porque las empresas "irán construyendo según les vayan las ventas", y recordó que el PGOU, "que propone un crecimiento moderado y sostenible", tiene una vigencia de 10 a 15 años: "Sería inviable edificarlo todo en dos o tres años. El mercado no está tan boyante. Lo que pasa es que las sospechas en temas urbanísticos están al orden del día".

Un argumento que no comparte el grupo socialista. "Porque está claro que las empresas no van a gastarse millones de euros y tener que esperar tanto tiempo para recuperar la inversión", señaló la concejal Leonor Botella.