El auditorio de Castellón es ilegal

El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad del auditorio de Castellón, que se construyó a través de un plan parcial "nulo de pleno derecho". El Supremo ni siquiera ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el equipo de gobierno del PP después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) declarara nula la aprobación de este plan de desarrollo urbanístico que, además, permitía la construcción de este edificio sobre un solar calificado como zona verde. El plan parcial de la obra fue avalado por el consejero José Ramón García Antón.

El grupo socialista dio a conocer ayer el fallo del Supremo que, además, sostiene que el recurso del ayuntamiento está "defectuosamente preparado", ya que no se ajusta a lo que dispone la normativa sobre los requisitos para acudir a este alto tribunal.

Dado que no existe otra posibilidad de recurrir y que la sentencia es firme, los tribunales han resuelto que, tal como denunció el grupo socialista, el auditorio y palacio de congresos de Castellón fue construido de forma ilegal ya que el procedimiento fue declarado nulo de pleno derecho.

La argumentación que utilizó el grupo socialista tuvo una doble vertiente, tal como recordó ayer el portavoz del grupo Ignacio Subías. Por una parte, los socialistas argumentaron en su recurso que la resolución, firmada por el consejero José Ramón García Antón, por la que se aprobó el plan parcial que habilitaba al ayuntamiento a construir el auditorio carecía del preceptivo informe del Consejo Jurídico Consultivo (CJC). De hecho, la misma resolución indicaba que no era necesario solicitar dicho informe. El TSJ dictó, en julio de 2004, que las interpretaciones del consejero sobre las facultades de CJC "son, cuanto menos arriesgadas, al arrogarse facultades del mismo" y acusó a García Antón de "hurtar" facultades del consejo. Además, el grupo municipal socialista argumentó la vulneración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y del reglamento de planeamiento de la Comunidad Valenciana ya que para tratar de "legalizar" el que todavía era un proyecto, el equipo de gobierno redactó una ordenanza de zonas verdes que permitía la construcción de edificaciones en dotacionales públicas, cuando la zona fuera superior a los 25.000 metros cuadrados.

Ignacio Subías explicó ayer que no va "a hacer como el PP, que exigió la ejecución de la sentencia del Teatro de Sagunto" pero sí exigirá "que se abra un nuevo expediente para legalizar el edificio". Además, el grupo municipal socialista reclamará al PP que busque una superficie como la que ocupa el auditorio y palacio de congresos para destinarla a zona verde y que el suelo de esta infraestructura cultural se recalifique como dotacional.