Comercio y pobreza

ACABA DE ESCENIFICARSE en Ginebra un nuevo fracaso en las relaciones comerciales multilaterales. La ronda Doha de negociaciones, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), sigue encontrando las mismas resistencias que cuando se inició: las de los agricultores de las economías desarrolladas, la UE y EE UU, básicamente, que tratan de impedir que producciones de otros países lleguen a sus mercados. Europa sigue dosificando en exceso el recorte de sus aranceles sobre la importación de productos agrícolas, a pesar de que ahora EE UU ha comprometido una más generosa reducción de los subsidios que tradicionalmente concede a las empresas productoras de ese tipo de bienes. Los ministros participantes en estas ultimas sesiones han pedido al director general de la OMC que intente conseguir una formula conciliatoria "lo antes posible".

La reunión del G-8 en San Petersburgo es otra ocasión para recordar que la manifestación más solidaria hacia esos países en vías de desarrollo es no bloquearles el acceso a nuestros mercados

No faltan razones para esa urgencia. La más inmediata, pero no la más importante, es que con el año en curso acaba también el fast track: la prerrogativa que tiene el presidente estadounidense para suscribir acuerdos comerciales sin necesidad de que los ratifique el Congreso de su país. Si se deja expirar ese plazo, los lobbies agrícolas volverán a intensificar su actividad en torno a los representantes en esa cámara y las cesiones hasta ahora comprometidas pueden desaparecer. La razón más poderosa, en todo caso, nos remite a las posibilidades de crecimiento económico adicional, de bienestar, que en todos los países, los ricos y los pobres, podrían alcanzarse si en lugar de la defensa de los intereses de grupos reducidos de ciudadanos se tomaran en consideración los de la mayoría.

La existencia de un vínculo directo entre extensión del comercio y desarrollo no deja lugar a muchas dudas. Dos recientes estudios de la OCDE y el Banco Mundial se añaden a las numerosas evidencias acerca de la relación entre la apertura y liberalización comercial agrícolas, así como en la reducción de los programas de subvenciones domésticas a ese sector, y las ganancias de bienestar, no sólo para los ciudadanos de los países con mayores posibilidades de venta de sus monocultivos exportadores, sino también para los que habitan en países industrializados, donde ese sector está más protegido.

Para los Gobiernos de los países económicamente avanzados, donde la producción agrícola y la población ocupada en ese sector es ciertamente reducida, predicar con el ejemplo es rentable. Constituye, además, la precondición para que los países menos desarrollados abran sus mercados a las importaciones de bienes industriales y de servicios, fundamento de la extensión de la actual dinámica de globalización. Por eso no es fácil entender, al menos con la racionalidad económica como guía, esas resistencias de los grandes a la apertura de su sector agrícola. Tampoco lo es compatibilizar esas tentaciones proteccionistas con la retórica de la lucha contra la pobreza, tan frecuentemente utilizada en algunos de esos países avanzados.

En realidad, el fracaso de la ronda Doha sería el principal obstáculo al cumplimiento de buena parte de los ocho objetivos en los que se concreta la estrategia reductora de la pobreza de Naciones Unidas para 2015. A través de ella se trata, en síntesis, de reducir a la mitad la población que hoy vive con menos de un dólar diario; frente al 28% de 1990, actualmente es el 19% de la población mundial. En el África subsahariana, sin embargo, esa proporción es hoy del 44%; en esos países, la población pobre así definida ha aumentado en 140 millones de personas desde 1990. Tan innecesario como recordar la importancia que para España y el conjunto de Europa tiene el desarrollo económico de esos países, puede ser admitir los poderosos incentivos de muchos de sus habitantes para jugarse la vida en sus intentos por desbordar, ya sea marginalmente, esa prolongada línea de pobreza. La reunión del G-8 en San Petersburgo es otra ocasión para recordar que la manifestación más solidaria hacia esos países es no bloquearles el acceso a nuestros mercados.