Sólo dos grandes ciudades aplican el nuevo carné, y Tráfico duda sobre el sistema informático

La Dirección General de Tráfico tendrá más cuesta arriba de lo que se imaginaba la aplicación del permiso por puntos. De los 1.500 ayuntamientos que ejercen las competencias para sancionar y tramitar denuncias, "a día de hoy" Tráfico no tiene constancia de que ninguno, salvo Madrid y Barcelona, se haya conectado al Registro de Infractores, el sistema que descuenta los puntos. A esto se añade un problema adicional: el sistema informático de la DGT debía haberse renovado antes del 1 de julio. No se hizo. Y ahora se ignora si el antiguo entorno informático soportará el trasiego de conexiones. Donde sí se aplica con normalidad el nuevo sistema es en las denuncias impuestas en carretera por la Guardia Civil, los Mossos y la Ertzaintza.

Para que el nuevo permiso funcione correctamente quienes gestionan las multas -ayuntamientos y Jefaturas de Tráfico- deben conectarse al Registro de Infractores para comunicar las sanciones firmes que restan puntos y que imponen la Policía Local, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Esa conexión no es obligatoria pero es fundamental para el buen funcionamiento del sistema, de forma que cualquier infracción grave o muy grave reste puntos, se cometa en Madrid o en cualquier otro municipio. Sin embargo, a día de hoy, la DGT aún desconoce cuántos ayuntamientos han solicitado el certificado para realizar ese trámite.

No hay problema en las infracciones denunciadas en las carreteras, ya que las multas las imponen los guardias civiles -y los Mossos y la Ertzaintza- y la gestión la realizan las jefaturas de Tráfico, que se encuentran conectadas al Registro de Infractores y pueden comunicar el descuento de puntos. También están conectadas a ese sistema Madrid y Barcelona. En España existen 8.100 ayuntamientos, que tienen competencias de Tráfico. Los de menos de 5.000 habitantes, la mayoría sin policía local, ceden la imposición de multas a la Guardia Civil, y la gestión la realizan las jefaturas de Tráfico, por lo que en estos casos tampoco habría problema. En esa situación se encuentran 6.600 ayuntamientos.

Sin embargo, en aquellos municipios en los que sí hay Policía Local (unos 1.500), y la gestión de las multas la realiza el ayuntamiento -y esto incluye a las grandes ciudades- existen problemas para la comunicación de las infracciones. Para que sean descontados los puntos, los consistorios deben conectarse al sistema informático de Tráfico y comunicar la sanción firme, bien a través de una línea directa, o a través de Internet tras solicitar un certificado. Sólo si se produce esa comunicación se restan los correspondientes puntos. De lo contrario, será como si la infracción nunca hubiera existido.

El subdirector de Normativa de la DGT, Ramón Ledesma, asegura que a los ayuntamientos "no se les puede obligar a conectarse por la autonomía municipal". Pero a continuación señala: "Seguro que habrá algunos que no denuncien nunca, pero luego habrá que tener en cuenta su parte de responsabilidad por los accidentes".

Las especificaciones para realizar el enganche fueron remitidas a las jefaturas sólo 10 días antes de la implantación del nuevo permiso, con instrucciones de remitirlas a su vez a los ayuntamientos. La mayoría de los consistorios consultados aseguran desconocer la mecánica, y algunos aún están esperando noticias de la DGT, sin saber que son ellos quienes tienen que solicitar la conexión.

Ante este panorama, el departamento de Informática, que reconoce la preocupante situación, ha pedido un refuerzo de unas 15 personas para dar asistencia técnica a los consistorios hasta que la implantación sea total. "Estoy de acuerdo en que nos ha pillado el toro: o lideramos más el asunto y ayudamos a los ayuntamientos, o tal como se estaba haciendo, vamos a fracasar", señala el responsable del departamento de Informática de la DGT, Luis de Eusebio, que llegó al cargo hace menos de un mes y dice haberse encontrado con "muchas cosas sin resolver" y sin plazo para enderezarlas.

Sus planes pasan por conectar al sistema a los 1.500 consistorios. Primero, las grandes ciudades y después, el resto. Pero las previsiones no están todavía absolutamente trazadas. Lo primero es saber cuántos ayuntamientos han solicitado la conexión al Registro de Infractores -"posiblemente mañana [por hoy] tendremos datos"-. Después, el objetivo es conectar antes de agosto fin de mes a Valencia, Zaragoza, Tenerife, Las Palmas, Logroño y Bilbao. Posteriormente se abordará otra tanda de 395 consistorios. Y aún quedarán otros 1.200, que deberán solicitar y obtener el certificado que permite la conexión. Según Tráfico, éstos quizás tengan que esperar hasta final de año.

Los plazos para que las sanciones se conviertan en firmes oscilan entre los dos y los siete meses, dependiendo de si el conductor presenta recurso. Eso da un margen para acelerar el acceso de los consistorios al sistema, antes de que haya que anotar los primeros descuentos.

Uno de los encargos que tenía Fujitsu, empresa que ganó el concurso para poner en marcha el cerebro telemático del carné por puntos, era actualizar el sistema informático de Tráfico. La renovación aún está pendiente y lo estará al menos durante medio año, según De Eusebio. Éste señala: "No sabemos si vamos a ser capaces de dar respuesta a la recepción masiva de datos de los ayuntamientos, si lo va a soportar el sistema".