El sumario de Mercalicante sigue abierto cuatro años después de destaparse el desfalco

La instrucción del caso Mercalicante -desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa agroalimentaria pública- sigue abierto, cuatro años después de destaparse las irregularidades, en julio 2002 cuando el consejo de administración destituyó al gerente, José Emilio Clavero. Dos meses más tarde, Clavero, fue arrestado y pasó a ser el principal imputado. La lista de imputados es ahora de 15, entre ellos el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP. La acusación popular considera que el sumario está "suficientemente" instruido y pide la apertura de juicio oral.

El escándalo por el supuesto desfalco de Mercalicante trascendió a la opinión pública en julio de 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades contables en la firma pública entre los ejercicios de 1999 y 2001. Entonces, el consejo de administración de la entidad, presidido por el alcalde Luis Díaz Alperi, destituyó al gerente de la empresa, José Emilio Clavero, como primer responsable de la quiebra contable. Dos meses, más tarde, el fiscal, a raíz de una denuncia de un vecino, arrestó a Clavero. María Cristina Costa, la juez le imputó, entre otros, los delitos de apropiación indebida y estafa, y acordó su libertad provisional. Entre 1999 y 2001, la empresa construyó una nuevas naves frigoríficas y un sistema de venta electrónico. La investigación judicial constató más adelante que ambos proyectos fueron la "tapadera" para ejecutar el desfalco.

Tras la imputación de Clavero y, a raíz de una querella presentada por el PSPV, la magistrada amplió la acusación a los representantes del comité ejecutivo -máximo órgano del control de la firma por encima incluso del consejo de administración- El ente estaba integrado por el alcalde, el también edil del PP, Juan Zaragoza, y el ex edil del PP y, ahora, director de la Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, y dos representantes del socio del Ayuntamiento la mercantil Mercasa, dependiente del Ministerio de Agricultura.

Precisamente, los recursos presentados por las partes a raíz de la imputación del alcalde ha motivado los mayores retrasos en la instrucción de la causa. El juzgado tardó 10 meses en tramitar una apelación del PSPV a la Audiencia de Alicante.

En la actualidad, la juez instructora también está a la espera de la resolución de la Audiencia de sendos recursos de los cargos del PP imputados. El juzgado tampoco ha recibido la última documentación solicitada por las partes, básicamente las actas de las reuniones de comisión ejecutiva. Otra diligencia no practicada es una segunda auditoria que ha solicitado el primer imputado. Clavero pretende demostrar con ese documento la "legalidad y transparencias" de sus decisiones contables, en contra de lo que recoge la auditoría oficial del consejo de administración.

Para el letrado de la acusación popular, que ejerce un representante del movimiento vecinal de Alicante, la causa "está suficientemente" instruida y sólo resta que la juez decrete la apertura de juicio oral para de esta forma delimitar los procesados.

Inflexión

El sumario de Mercalicante sufrió otro punto de inflexión en 2005 cuando la Fiscalía Anticorrupción de Alicante decidió ejercer la acusación pública, extremo que motivo una segunda declaración de los imputados ante la juez. El fiscal tras apreciar contradicciones entre la declaración del ex gerente y los miembros del comité ejecutivo pidió un segundo interrogatorio al primero. La magistrada no accedió a la petición del fiscal. Clavero mantuvo que el comité ejecutivo estaba al corriente de sus decisiones contables. Mientras, el alcalde y demás miembros del comité ejecutivo sostuvieron la tesis contraria y esgrimieron que el ex directivo de Mercalicante les "engaño".

Tras la declaración de los imputados, el fiscal anticorrupción optó por mantener la acusación a los 15 hasta el cierre del sumario. El ministerio público solicitó nuevos rastreos de las cuentas bancarias del ex gerente, diligencias ya practicadas.