La Junta comienza el litigio por el tabaco en la Audiencia Nacional

La Junta de Andalucía presentó ayer ante la Audiencia Nacional el escrito de interposición que anuncia el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno y seis tabacaleras, a los que reclamará 1,77 millones de euros por los gastos sanitarios derivados de la atención de 135 pacientes "víctimas de tabaquismo". Tras el cierre del pleito civil, iniciado en 2002, la Junta reabre su pleito en el contencioso-administrativo.

El trámite formalizado ayer ante la Audiencia Nacional por los servicios jurídicos de la Junta es un paso previo a la presentación del recurso contencioso-administrativo, que previsiblemente se formalizará en septiembre, según baraja la Consejería de Salud.

El recurso irá dirigido contra seis tabaqueras (Altadis, British American Tobacco España, Philip Morris Spain, JT International Iberia, Cita Tabacos de Canarias y Tabacos Canary Islands) y la Administración del Estado. La Junta reclamará 1,77 millones de euros por los gastos derivados de la atención hospitalaria de 135 pacientes, diagnosticados de cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica. Todos ellos eran fumadores o ex fumadores y, según la Consejería de Salud, sus patologías habían sido originadas por su adicción al tabaco. En la demanda inicial, se daba por hecha la existencia de "un nexo causal entre el tabaco y el daño a la salud". "La actividad comercializadora de las empresas demandadas recae sobre un producto de consumo no sólo perjudicial para la salud, sino además adictivo para el consumidor", sostenían.

El Gobierno andaluz comenzó su batalla judicial contra las tabacaleras en 2002, con la presentación de una demanda civil contra las seis empresas citadas. Tras pasar cuatro años atascada en cuestiones formales, esta vía se zanjó de forma definitiva el pasado 16 de enero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid señaló que la participación del Estado en la comercialización del tabaco a través de la empresa Tabacalera (la actual Altadis) obligaba a trasladar la demanda a la vía contencioso-administrativa, la única posible cuando se dirimen asuntos que afectan a las administraciones públicas. A su pesar, el Gobierno andaluz optó por incorporar a la Administración estatal a su pleito para mantener vivo el procedimiento contra las tabacaleras.

El pasado 7 de abril, tras el cierre de la vía civil, la Junta presentó un requerimiento ante el Ministerio de Economía y Hacienda para que le reembolsara los 1,77 millones por los gastos sanitarios. Este trámite es también un paso obligado antes de acudir a los tribunales. Ante el silencio de Economía, los servicios jurídicos de la Administración andaluza han anunciado ante la Audiencia Nacional la próxima presentación de su recurso contencioso-administrativo.