Grande-Marlaska imputa a más de 15 empresarios en otro sumario

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha interrogado esta semana en calidad de imputados entre 15 y 18 empresarios que aparecían en la documentación intervenida por la policía francesa a la supuesta responsable del cobro del chantaje hasta su detención, en octubre de 2004, Soledad Iparragirre, Anboto. Esta causa, abierta en 2005, es independiente de la que se sigue contra la red de extorsión. Las misivas de petición de dinero oscilaban entre los 6.000 euros y los 24.000, según fuentes de la investigación. La víspera, Grande-Marlaska dejó en libertad a dos de los empresarios sin medidas cautelares, aunque les mantuvo imputados.

La citación de estos empresarios imputados en un delito de colaboración, por pagar presuntamente a la banda terrorista, se ha producido conforme ha ido llegando a la Audiencia Nacional la citada documentación intervenida en Francia en 2005, según precisó ayer a Europa Press en portavoz de la fiscalía, Juan Antonio García Jabaloy.

Tras dejar en libertad el lunes a dos empresarios, Marlaska interrogó ayer a otros dos, que presuntamente habrían sido extorsionados por ETA. Al ser llamados a declarar como imputados, los empresarios pudieron acudir con un abogado de su confianza. El magistrado ha declarado el secreto del sumario, por lo que no ha trascendido el nombre de ninguno de los empresarios ni de las empresas.

Por otra parte, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera que las descalificaciones de responsables políticos al juez Fernando Grande-Marlaska "sobrepasan los mínimos cánones de respeto y racionalidad", por lo que pidió respeto para el magistrado. Varios dirigentes nacionalistas vascos acusaron al juez Marlaska de instruir el caso de la red de extorsión de ETA con un protagonismo intolerable y le recomendaron que se presentase a concursos de televisión.

La decisión fue adoptada por tres votos a favor -de vocales propuestos por el PP- y dos en contra, de vocales propuestos por el PSOE. El CGPJ recuerda que "la crítica de las resoluciones judiciales resulta siempre lícita y deseable en un Estado de derecho, pero no permite ni puede amparar los ataques personales ni la deslegitimación de los jueces y magistrados titulares del Poder Judicial". El vocal progresista Juan Carlos Campo denunció ayer que la mayoría conservadora pretendió hacer una causa general contra la clase política y pidió que se matizara a qué declaración se refería la censura que quería hacer el Poder Judicial. "Y sobre todo la deslealtad demostrada por el portavoz del Consejo, que introdujo el tema en la comisión permanente sin dar traslado previo al resto de vocales", declaró Campo.

"Incertidumbre y ruido"

El Gobierno vasco exigió ayer al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que abra de manera urgente un diálogo directo con ETA para poner fin a un periodo de "incertidumbre y ruido" al que han contribuido las últimas decisiones judiciales. "El diálogo oficial que se ha anunciado con ETA debe ponerse en marcha de manera inmediata como fórmula de desterrar la actual incertidumbre. Y los partidos en Euskadi deben redoblar sus esfuerzos y su trabajo para acordar las garantías que hagan posible este otoño el inicio del diálogo multipartito", concluyó la portavoz, Miren Azkarate.

[El cofundador de ETA y dirigente de Aralar detenido en relación con la red y puesto en libertad bajo vigilancia policial, Julen Madariaga, ha manifestado al Diario de Noticias que "los empresarios quisieron hacer la entrega de forma voluntaria, pero siempre que fuese para favorecer la paz"].