El juez ordenará la búsqueda de un empresario que acusó a Zaplana

El juez que investiga la trama de facturas falsas que implica a Terra Mítica ha propuesto a la fiscalía dictar una orden de busca y captura contra José Herrero García, uno de los dos empresarios que en unas grabaciones aportadas a la causa por dos diputados autonómicos socialistas relacionan a Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, con el cobro ilegal de comisiones durante la construcción del parque temático de Benidorm.

"El señor Conesa decía que se repartía la pasta con el señor Zaplana". Es una de las afirmaciones que realizó en febrero pasado José Herrero García en un despacho del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, que los diputados Antoni Such y José Camarasa grabaron. En otro momento de la conversación, el empresario Herrero García, imputado en la trama de facturas falsas urdida para defraudar a la Hacienda pública más de 4,4 millones de euros entre una veintena de empresas, afirma: "Vi cómo el señor Conesa metía la bolsa en el maletero del boxster y luego nos fuimos a comer y dijo delante mía que el dinero ese lo repartía con Zaplana".

Herrero, administrador único de la mercantil Herrero Mantenimiento, es amigo de Antonio Moreno Carpio, también imputado, a quien corresponde la otra voz que se recoge en las grabaciones que los dos diputados socialistas entregaron a la fiscalía por la información vertida sobre posibles prácticas económicas irregulares en la construcción del parque temático de Benidorm.

El nombre de Herrero estaba en la lista de imputados desde que la fiscalía cursara la primera denuncia sobre la trama el pasado noviembre. No llegó a declarar. No se le localizó. Es más, durante unas semanas su nombre desapareció de la relación de imputados porque se le dio por muerto. Fue incluido de nuevo, pero la paralización de la investigación -al anularse la vía penal porque la Agencia Tributaria no cumplió con un trámite recogido en la ley-, evitó a Herrero García comparecer finalmente ante el juez. Sin embargo, en la nueva denuncia, subsanado el error, revalidó su condición de imputado. Pero sigue en paradero desconocido.

El juzgado que investiga la trama tiene dos direcciones suyas: una en Quart de Poblet (municipio del área metropolitana de Valencia) y otra en la capital. Y dos veces se han trasladado agentes del juzgado a notificarle que debe comparecer. El resultado ha sido nulo. El mismo que han arrojado los intentos de localizarlo a través de teléfono o de hacerle llegar la citación por fax. José Herrero García no está disponible.

Este periódico le localizó en un teléfono móvil días después de que saltara la noticia, a mediados de mayo. Herrero, cuya empresa aparecía en el primer escalón de la trama -sólo emitía facturas-, declinó hacer declaraciones, aunque dijo que quizá las hiciera más adelante. Ayer, el mismo número estaba operativo, pero nadie contestaba. Mientras, Antonio Moreno Carpio rectificó una semana después y aseguró que los socialistas le habían ofrecido dinero a cambio de implicar a Zaplana.

"No hemos vuelto a saber nada de él", afirmó ayer el diputado Antoni Such, uno de los dos parlamentarios que grabaron las cintas. Además de Herrero, quedan por declarar seis imputados: Miguel Navarro, ex director general del parque; Luis Esteban, ex presidente; Antonio Rincón y Miguel Izquierdo, directores técnicos; y los empresarios Francisco Escoto, que está enfermo, y José Antonio Llopis. Comparecerán la próxima semana. De Herrero, ni rastro.

Herrero García es pieza clave para conocer los mecanismos que utilizó la trama, en la que de momento están implicadas 20 empresas, estructuradas en cuatro niveles de intervención y alteración documental para consumar el fraude, y en cuya cima están Terra Mítica y cinco mercantiles más: Gribal, Altos de Carrichal, Excavaciones Escoto, C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento, SA.

Posible estafa

El testimonio de Herrero García, que es el que en la grabación menciona de forma directa a Zaplana, ha servido para que el juez ampliara la causa, abierta por delito fiscal, falsificación documental y societario, al de posible estafa. Sin embargo, ninguna de las gestiones ha servido para dar con él y citarlo a declarar. El juzgado no quiere que transcurra más tiempo y propuso el pasado jueves a la fiscalía dictar una orden de busca y captura para que la policía lo detenga y lo ponga a disposición del juzgado con el fin de comunicarle los cargos que, provisionalmente, existen contra él.

Herrero García dijo, según consta en la transcripción aportada por los socialistas a la fiscalía en su denuncia -el juzgado aún no ha podido escuchar todas las cintas porque una de ellas no puede reproducirse-, que lo que él afirmaba sobre Conesa y Zaplana "lo digo yo en un juzgado, hay más gente que ha ido a entregar dinero, no sólo ha ido Antonio [en referencia a Antonio Moreno Carpio, el otro empresario grabado], de los que hay imputados hay mucha gente que ha hecho entregas".

Herrero García sostiene que hubo distintas entregas de dinero en metálico a Vicente Conesa -investigado en 1995 por la supuesta adjudicación irregular de varios proyectos a una de sus empresas por el Ayuntamiento de Benidorm, cuyo alcalde era Zaplana-, llega a decir que los pagos de comisiones se realizaban dos veces por semana y que superaron los 36 millones de euros.