La fiscalía archiva las diligencias contra Uncio por el uso de la 'visa'

Un año después de que la fiscalía de Valencia iniciara las investigaciones por un supuesto uso irregular de la tarjeta Visa del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de quien fuera su director, José Manuel Uncio, las diligencias de investigación penal quedan archivadas. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía. La documentación recogida y la propuesta de trasladar a un juzgado el asunto por un posible delito de malversación ha sido frustrada por las apreciaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado, que considera que no hay suficiente base para presentar una denuncia. A mediados de 2005, la diputada socialista Cristina Moreno hacía público el destino de alrededor de 6.000 euros del IVF que el Síndic de Comptes había señalado como insuficientemente justificados. Ese dinero correspondía a pagos realizados por Uncio.

Formaban parte de los gastos de representación e incluían compras de flores, joyas y productos de aseo personal así como un regalo de boda a la hija de un político del PP. La fiscalía abrió diligencias de investigación de oficio, pidió una prórroga para continuar transcurridos los seis meses que estipula la ley, le fue concedida pero el fiscal general del Estado pidió que una vez concluida le fuera remitida. La fiscalía de Valencia lo hizo hace algo más de tres semanas. El fiscal que ha llevado el asunto confirmó ayer que las diligencias quedaban archivadas, una decisión en consonancia con la opinión de la Fiscalía General del Estado.

La fiscalía inició las pesquisas reclamando documentación al Síndic de Comptes, al IVF y citando al propio Uncio, quien nada más conocer de la investigación consignó la cantidad puesta en duda en la institución y defendió el destino de los pagos realizados durante su dirección. El Síndic remitió a la Fiscalía un informe que modificaba el primero que hizo público sobre el ejercicio 2003 y en el que señalaba que existía una partida sin justificar el destino. En ese informe modificado, el Síndic explicó a la Fiscalía que una vez recibidos los comprobantes y las explicaciones del IVF, consideraba que estaba todo justificado. Sin embargo, la fiscalía buscó la existencia de algún protocolo que fijara exactamente el destino del dinero que se ponía en manos de un cargo público para lo que se denomina gastos de representación. En un primer momento, la fiscalía, hasta que no supo de más cosas, consideró insuficiente para denunciar la simple afirmación contenida en el informe del Síndic. En un segundo momento, tras recibir comprobante de la propia mercantil Visa y reconocer los pagos Uncio en su declaración, la fiscalía consideró que sí podía existir una utilización ilícita de un bien público para un uso y beneficio particular.

Ahora, la Fiscalía General del Estado ha contestado dudando de la suficiencia de los argumentos expuestos para iniciar un juicio. Por tanto, aunque la indicación no es vinculante, la fiscalía de Valencia ha aceptado los argumentos y decidido en consecuencia archivarlas.