CiU y PP aceptan eliminar las donaciones anónimas, pero no las aportaciones de empresas

Después de casi ocho meses de letargo, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, una iniciativa de ERC apoyada por el PSOE, despierta de su sueño justo cuando acaba este periodo de sesiones. Ayer concluyó el plazo de presentación de enmiendas, que había sufrido 28 ampliaciones, y ahora sólo queda designar la ponencia. El PSOE ha prometido acelerar el proceso.

Todos los grupos presentaron sus enmiendas. Las de mayor interés son las del PP y CiU, ya que los demás, especialmente el PSOE, están básicamente de acuerdo con el planteamiento de ERC. De hecho, en 1997 PP y PSOE llegaron a un acuerdo básico para reformar una legislación que no se ha tocado desde 1987 a pesar de las decenas de polémicas e incluso procesos judiciales generados en torno a la financiación de los partidos. Sin embargo, la oposición de los nacionalistas de CiU y PNV impidió un acuerdo. Según los datos de 2002, por ejemplo, el PP, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) copaban el 93% de los 8,8 millones de euros que los partidos recibieron de forma anónima.

Las modificaciones que proponen tanto el PP como CiU tienen un punto en común muy claro: ambos partidos aceptan la eliminación de las donaciones anónimas, la principal novedad de la reforma, pero no la eliminación de las aportaciones de empresas o "personas jurídicas", en términos técnicos.

Constructoras

PSOE, ERC e IU-ICV están de acuerdo en permitir que sólo los ciudadanos libres, y no las empresas, puedan dar dinero a los partidos, para separar todo lo posible el mundo de las compañías y el de la financiación de la política. PP y CiU admiten establecer unos límites a las donaciones de empresas, como el hecho de que no sean constructoras o compañías que trabajen con la Administración pública.

El único límite que establecen las enmiendas de CiU a las donaciones de empresas es que "requerirán siempre la certificación de que el acuerdo ha sido adoptado en debida forma por el órgano social competente al efecto, así como de forma expresa el cumplimiento de las previsiones de la presente ley".

Las subvenciones para gastos de funcionamiento ordinario que eventualmente puedan consignarse en los presupuestos de comunidades autónomas o de entidades locales.

El límite de las aportaciones anuales es otra de las cuestiones más discutidas. ERC lo colocaba en 30.000 euros, incluso por debajo del que se aprobó en 1997 y está vigente, 60.000. El PSOE apoya esa cifra de ERC.

El Tribunal de Cuentas se queja cada año de que con las donaciones anónimas es imposible saber si se respeta, puesto que sería muy fácil para una misma persona hacer dos aportaciones cuya suma supere esa cifra sin que nadie, salvo el partido que lo recibe, lo detecte. CiU sube ese límite hasta 100.000 euros, con una salvedad: "Se exceptúan del límite previsto en el apartado tres del presente artículo, las donaciones en especie de bienes inmuebles". El PNV apuesta por mantener el límite de los 60.000 euros, mientras el PP propone subirlo hasta los 90.000.

El PP incorpora a sus enmiendas la polémica por la condonación de un crédito de La Caixa al PSC de seis millones de euros. La reforma, promovida antes de que estallara esa polémica, no contemplaba ningún apartado sobre condonaciones o renegociaciones de deuda. PSOE y ERC siguen sin contemplarlo, pero el PP propone que los partidos puedan renegociar sus créditos, pero ningún banco o caja pueda condonarles más de 90.000 euros.

CiU establece otra modificación para que las cuotas y las donaciones puedan desgravar. "Las cuotas de afiliación y demás donaciones efectuadas por personas físicas a los partidos políticos, serán deducibles de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con el límite de 150 euros anuales". Y las de las empresas, proponen también los nacionalistas catalanes, "tendrá en el impuesto sobre sociedades la consideración de partida deducible a efectos de la determinación de la base imponible", sin exceder del 10% de la base imponible.