Valencia es la quinta provincia en número de peticiones de asilo con 134 solicitudes

La provincia de Valencia fue en 2005 la quinta en número de solicitudes de asilo presentadas, con 134, por detrás de Madrid, Ceuta, Melilla y Barcelona. En total, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el País Valenciano atendió a lo largo del año pasado a 810 personas en su servicio jurídico de asilo y refugio, en su mayoría colombianos (335), armenios (52) rusos (50) y nigerianos (30). CEAR insistió ayer en la denuncia del lunes de Amnistía Internacional de desprotección jurídica de los polizones que llegan a los puertos valencianos, lo que negó la delegación del Gobierno.

El tiempo medio que discurre entre la solicitud y la concesión del asilo oscila entre el año y medio y los dos años. Y esto, en el caso de que las peticiones sean admitidas a trámite, que son las menos. La coordinadora territorial de CEAR en la Comunidad Valenciana, Sara Verdú, explicó ayer en la presentación del informe de actividad del año pasado de esta entidad que el 57,07% de las peticiones de asilo remitidas el año pasado al Gobierno en toda España fueron inadmitidas. Sólo el 4,12% de las que iniciaron el proceso consiguieron finalmente la concesión del estatuto de refugiado. Pese a lo reducido de la cifra, es superior al 2,43% del año 2004, en el que se inadmitieron el 76,53% de las peticiones.

Verdú se refirió también a los problemas que hay con la atención a los polizones, a quienes "no se facilita la asistencia letrada" que establece la ley, una queja que ya manifestó el lunes Amnistía Internacional. CEAR ha presentado y ganado los dos últimos años dos recursos contencioso-administrativos de vulneración de los derechos fundamentales por parte de la delegación del Gobierno. Uno de ellos, como indica esta ONG, en marzo de 2005 por no haber permitido prestar asistencia jurídica a un polizón que escapó de un barco argelino y fue devuelto a la embarcación. El otro caso es de noviembre de 2004 y se refiere a seis polizones de Ghana. Al aludir que eran menores, se les practicaron las pruebas de edad que concluyeron que dos de ellos tenían menos de 18 años. A los cuatro restantes se les volvió a conducir al buque en el que llegaron "sin asistencia letrada".

En ambos casos, pese a reconocerse que se vulneraron los derechos de estas personas, las sentencias tuvieron un efecto nulo, ya que los afectados habían sido obligados a volver al barco y la resolución se produjo transcurrido el tiempo. Por ello, Verdú reclamó que no se ejecuten las expulsiones en este tipo de casos "para que el derecho se pueda hacer efectivo".

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, rechazó ayer estas acusaciones al comentar que el Cuerpo Nacional de Policía cumple "absolutamente con total meticulosidad con lo que prevén las normas" para los extranjeros que llegan a las costas valencianas como polizones.

Bernabé indicó que las denuncias vertidas por estas organizaciones no gubernamentales responden a "una cuestión de desconfianza" por parte de estas entidades y se mostró "dispuesto a resolverlas". "Siempre estoy abierto a dialogar y trabajar en colaboración con estas organizaciones", añadió el delegado.

Por su parte, el representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Carlos Boggio, aseguró ayer que no tiene conocimiento en la actualidad de casos de extranjeros que, a su llegada a la Comunidad Valenciana como polizones, "no hayan sido asistidos". Boggio, que participó ayer en los actos organizados por las Cortes valencianas en colaboración con la Generalitat y ACNUR con motivo del Día Mundial del Refugiado, indicó que "en el pasado hubo problemas de acceso de asesoría letrada a los barcos", pero el Ministerio del Interior ha remitido instrucciones recientemente al delegado del Gobierno para que "cuando haya casos de polizones, las autoridades faciliten ese acceso".