Los Verdes plantea "medidas de choque" contra la especulación

Los Verdes propusieron ayer una decena de "medidas de choque" para hacer frente a la "burbuja especulativa y financiara" derivada de la "saturación" y crecimiento urbanístico de Andalucía que, según este partido, representa el principal problema "medioambiental y social" de la comunidad. El portavoz de Los Verdes y diputado adscrito al grupo socialista en el Congreso, Francisco Garrido, expuso su propuesta tras el informe del Observatorio de Sostenibilidad, que señala que el ritmo de ocupación del suelo triplica el del crecimiento de la población en Andalucía.

Según Garrido, los medidas abordadas hasta ahora por parte de las administraciones implicadas resultan "insuficientes". En primer lugar, explicó que se debería establecer una "moratoria" especulativa enmarcada en las zonas del litoral, en las áreas metropolitanas, en zonas de espacios naturales o protegidos y en aquellos enclaves con alta cantidad de patrimonio arqueológico.

Apostó por no aprobar ningún Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que los Planes Territoriales (POT) de cada zona sean también aprobados, para lo que también pidió que se agilicen los trámites.

A su juicio, debe elaborarse una lista de municipios susceptibles de sufrir una retirada de competencias urbanísticas, como ha ocurrido con Marbella (Málaga), ante la "ilegalidad manifiesta" que se produce, según Garrido, en una gran cantidad de consistorios andaluces.

Otras medidas de Los Verdes pasan por aprobar "con urgencia" una legislación de protección de suelos agrícolas, que se ven también amenazados por recalificaciones urbanísticas, así como una modificación de la actual Ley del Suelo, que limite el crecimiento que se establece en los PGOU.

Según Los Verdes, habría que "disociar" igualmente las tasas y rentas públicas que generan los proyectos inmobiliarios en ciertos municipios, cuyos ayuntamientos encauzan a través este tipo de actuaciones un medio para obtener ingresos en las arcas municipales. Además abogó por eliminar la figura de los "convenios urbanísticos".