La gestora marbellí pedirá al Consultivo un informe sobre la compatibilidad de sus vocales

La gestora que gobierna Marbella no está conforme con el dictamen emitido por su propia Comisión de Asesoramiento Técnico, que en la práctica obliga a cinco de sus 16 vocales a elegir entre su trabajo privado y su puesto en el órgano de gobierno accidental. El presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, uno de los que supuestamente incurre en incompatibilidad, anunció ayer que pedirá un segundo informe, previsiblemente al Consejo Consultivo de Andalucía, para saber si los miembros de la gestora son equiparables a concejales a la hora de fijar su régimen de incompatibilidades.

La petición de informe al Consultivo -órgano del que el propio Martín Reyes fue consejero electivo entre 1994 y 2005- deberá cursarse por vía de urgencia para que el dictamen pueda remitirse a la gestora antes del 30 de junio. En esa fecha se celebrará el pleno en el que se votarán las solicitudes de compatibilidad presentadas por los cinco vocales ante la Comisión de Asesoramiento Técnico. Este organismo, creado por la Diputación de Málaga para apoyar jurídicamente a la gestora, emitió su dictamen negativo, aunque no vinculante, a principios de mayo, y los vocales afectados deberán decidir en el plazo de 10 días tras la votación entre dedicarse a sus trabajos privados o a la gestora.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento marbellí continuaba ayer estudiando el informe tras las matizaciones solicitadas por los cinco vocales, y la gestora planea presentar un escrito de petición de aclaraciones el próximo lunes ante la Comisión de Asesoramiento Técnico. "Aún existen muchos puntos oscuros a los que dar luz y queremos contrastar la votación y valoraciones incluidas en el dictamen", apuntó Martín Reyes, que asegura que el informe "conduce directamente al fracaso del propio órgano al que se pretende asesorar". Además del presidente, que gestiona un despacho de abogados, incurren en incompatibilidad los también letrados Rafael Duarte, concejal de Urbanismo, y Eduardo Zorrilla, de Juventud; el arquitecto Jorge Chacón, vicepresidente primero, y el ingeniero Luis Cepedano, vocal de Obras.

La puesta en marcha de la comisión gestora tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la Operación Malaya contra la corrupción ha sido un verdadero laboratorio de derecho administrativo, en el que se ha tenido que fijar desde cero tanto el reglamento de funcionamiento como el estatus jurídico de sus miembros. Para decidir sobre la compatibilidad de los cinco vocales la Comisión de Asesoramiento Técnico se ha basado en la Ley 53/84 referida a las incompatibilidades de los funcionarios públicos.

Cuatro contra tres

"Esa ley no se planteaba ni de lejos una comisión gestora. Nosotros no somos electos y el tratamiento debe ser diferente", criticó Martín Reyes. De la misma opinión que el presidente de la gestora son tres de los siete miembros de la Comisión de Asesoramiento Técnico, que votaron en contra del dictamen. "Si en el reglamento de la gestora se ha modulado la ley para que los acuerdos se tengan que tomar por mayoría absoluta ¿Por qué no se modulan también las incompatibilidades?", reflexionan fuentes próximas a la comisión asesora.

La consulta efectuada sobre los profesionales liberales parte de la premisa de la dedicación exclusiva de los componentes de la gestora. "Se deberían mantener limitaciones como que estos profesionales no asuman nuevos encargos o que no trabajen en causas en Marbella ¿Qué incompatibilidad hay en que un abogado vocal de Marbella termine una causa de un cliente suyo de Albacete?", se preguntan las mismas fuentes.

La secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, consideró "excesivo" que a la gestora, un órgano con competencias más limitadas que las de un ayuntamiento electo, se le aplique un régimen de incompatibilidades similar a la de un consistorio. "No es muy razonable pedirles que renuncien a una carrera de muchos años y cerrar sus propios despachos", opinó. En sentido contrario, el secretario general del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, dijo que los afectados deben estar o dentro o fuera, pero sorber y soplar a la vez no es conveniente, aparte de que éticamente sea una auténtica vergüenza política pretender hacer las dos cosas".