Un jefe jurídico de Marbella asegura que se dieron licencias que ni siquiera se pedían

El jefe del servicio jurídico-administrativo de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Jorge González, ratificó ayer ante el juez que todas las licencias de obras concedidas durante los gobiernos del GIL dependían de Juan Antonio Roca, que lo controlaba "todo" como gerente de Urbanismo. También desveló irregularidades como la concesión de licencias sin que nadie las solicitara o la tramitación de éstas en apenas cuatro horas, cuando habitualmente tardan unos tres meses. El juicio contra Julián Muñoz y otros siete ex concejales por delito urbanístico quedó visto para sentencia.

Jorge González testificó ayer en la última sesión de la vista oral contra el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex concejales de Marbella procesados por conceder una licencia de obras en 1996 para seis chalés en un suelo que estaba reservado en el planeamiento para zona verde.

González coincidió en su testimonio con Julián Muñoz al señalar a Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, como la persona de la que dependían todas las decisiones en materia de Urbanismo en el consistorio, y aseguró que así ha sido hasta la disolución del consistorio y el nombramiento de la comisión gestora el pasado 21 de abril, apenas tres semanas después de que el ex gerente de Urbanismo ingresara en prisión por orden del juez.

Roca, que también testificó como testigo el pasado miércoles, negó que él hubiera decidido nunca sobre las licencias y sólo reconoció haber intervenido en las gestiones de los convenios urbanísticos suscritos por el consistorio. Según la versión de Roca, las decisiones las tomaba directamente el ex alcalde ya fallecido Jesús Gil.

Pero según Jorge González, las listas con las licencias de obras que eran enviadas a la comisión de gobierno para que las aprobara "venían de Roca y de Planeamiento 2000", aunque tuvieran el encabezamiento de Urbanismo.

"He conocido licencias que se han dado de oficio, que ni siquiera se solicitaban", aseguró González en su declaración. Dijo también que la licencia a Moansa objeto de la causa se tramitó en un mes, "muy poco tiempo". Según el fiscal, carecía de los preceptivos informes técnico y jurídico.

Un testimonio de Jorge González ante el juez Miguel Ángel Torres sobre las irregularidades en el área de Urbanismo en octubre de 2005 sirvió a éste para iniciar la instrucción del caso Malaya.

González era el responsable de emitir los informes jurídicos para las licencias, pero Jesús Gil le pidió que se abstuviera de hacerlo porque "no se ajustaban a sus intereses". Contó que el ex alcalde se quejaba de que con los informes que elaboraba el servicio jurídico municipal se estaban imputando a concejales que iban a acabar en la cárcel. El propio Roca reconoció que las licencias de obras se concedían sin los preceptivos informes jurídicos.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal sostiene que los ex concejales acusados "tenían pleno conocimiento" de que actuaban contra la norma cuando aprobaron en comisión de gobierno la licencia a Moansa. Todos los ex ediles aseguraron en sus declaraciones que la aprobaron porque entendían que contaban con los informes técnicos y jurídicos favorables, pues así constaba en las listas que les remitían desde Urbanismo.

El ministerio público ha rebajado la petición de penas. Para Julián Muñoz, Mario Jiménez, Manuel Calle y María Luisa Alcalá solicita 18 meses de prisión, seis menos que en la acusación inicial, por delito continuado de prevaricación urbanística al participar el las comisiones que dieron la licencia de obra y el proyecto de ejecución. Para Pedro Román, Rafael González, José Manuel Pomares y Juan Antonio Yagüe solicita 14 meses de prisión.

La Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado los recursos de las defensas contra los autos de prisión de seis imputados en la Operación Malaya: la ex alcaldesa Marisol Yagüe; la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos; el ex concejal de Tráfico Victoriano Rodríguez; Juan Antonio Roca; la testaferro de éste Montserrat Corulla y el empresario Ismael Pérez. La defensa de Yagüe anunció que pedirá la libertad por motivos de salud.