La consejera de Bienestar dice que en Girona ya no caben inmigrantes
Los alcaldes de Cassà y Salt piden ayudas gubernamentales
La consejera de Bienestar y Familia, Carme Figueras, aseguró ayer que los inmigrantes que han llegado a las comarcas gerundenses en las últimas semanas "no se podrán quedar" porque la capacidad de acogida en la zona está al límite. Los alcaldes de Salt y Cassà de la Selva reclamaron esta pasada semana ayudas para hacer frente a la presión de la inmigración en sus municipios.
Los alcaldes aseguran que el subdelegado del Gobierno ha tenido una postura poco receptiva a sus propuestas, mientras que la Generalitat ha aceptado algunas de sus peticiones y se ha comprometido a colaborar en los gastos de acogida de urgencia.
Las autoridades no niegan que tanto Cassà de la Selva como Salt viven de forma muy acusada la presión de la inmigración, aunque tienen serias dudas de que esta situación se haya agravado en las últimas semanas y, sobre todo, que eso tenga relación directa con la oleada de cayucos en las costas de Canarias. El hecho de que algunos de los inmigrantes sin papeles que han llegado últimamente a estos municipios hayan recalado en el archipiélago no significa que la alarma que se vive en las islas pueda trasladarse a Cataluña.
Fuentes de Cáritas de la zona metropolitana de Barcelona, ciudad a la que acostumbran a llegar los inmigrantes redistribuidos a Cataluña desde Canarias en barcos o aviones fletados por el Estado, mantienen que las cifras de personas subsaharianas atendidas en las últimas fechas no difieren de las del año pasado. Añaden que se topan con inmigrantes que aseguran haber sido trasladados a Cataluña desde Canarias, pero advierten que se trata de casos aislados y no de traslados a gran escala.
Baile de cifras
Cassà de la Selva es de momento el municipio de las comarcas de Girona que ha notado más el incremento de inmigrantes sin papeles, aunque las cifras ofrecidas por el Ayuntamiento de unos 400 inmigrantes nuevos en pocos meses fueron matizadas posteriormente y rebajadas a poco más de un centenar.
La delegada de la Generalitat en Girona, Pia Bosch, se ha comprometido a sufragar los gastos ocasionados por la acogida temporal de estos inmigrantes, al tiempo que ha anunciado la necesidad de conocer la cifra real de extranjeros sin papeles de estos municipios. Bosch considera esencial desactivar el supuesto efecto llamada y que las medidas humanitarias que se tomen no fomenten la llegada de nuevos inmigrantes.
Bosch confía en que la Administración central acabe repatriando a estas personas, y tiene el convencimiento de que no serán contratados de manera ilegal. Muchos recorren en bicicleta los campos de la zona buscando, casi siempre sin éxito, trabajo eventual. En Salt, la Generalitat sufragará los gastos de acogida de una veintena de inmigrantes que han sido alojados de urgencia en una casa de colonias.
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