El juez archiva la causa contra un empresario que pasó dos meses en prisión
La policía le atribuyó una supuesta estafa a 300 inmigrantes que trataba de regularizar
El titular del juzgado número 14 de Málaga ha sobreseido la causa abierta contra Antonio Villena, presidente de la agrupación empresarial y la fundación ACOP (Asociación de Contratistas de Organismos Públicos), que pasó dos meses en prisión preventiva, acusado de estafa y delitos contra la hacienda pública y contra los trabajadores. Villena fue detenido el 7 de julio de 2005, junto a otras 17 personas, a quienes la policía acusaba de cobrar a inmigrantes contratos falsos realizados mediante empresas ficticias que, a la vez, obtenían subvenciones públicas por crear empleo. El juez ha decidido el archivo de la causa después de que lo solicitara el fiscal y al no haberse presentado acusaciones particulares.
La policía detuvo a Villena como presunto cerebro de una red que supuestamente constituía sociedades fantasma, que ofrecían contratos a los inmigrantes que no reunían las características exigidas en el proceso de regularización abierto el año pasado a cambio de 650 euros, y pedían subvenciones a la Administración por crear nuevas empresas y puestos de trabajo. Entre ambos conceptos habrían obtenido unos dos millones de euros de beneficios, según la policía.
El día de su detención, el abogado de Villena, Francisco Sánchez Raya, informó de que los inmigrantes constituían cooperativas, que a su vez eran los empleadores, un método admitido por la ley. De las más de 300 solicitudes presentadas por la fundación por este sistema, el abogado afirmó que se habían resuelto favorablemente unas 200, y que se iba a proceder a las preceptivas altas en la Seguridad Social.
Prestación de servicios
El auto de la magistrada Carmen Caracuel expone que "los hechos no pueden incardinarse dentro del delito de estafa, por cuanto obedece a la prestación de servicios a cambio de una remuneración prevista" y "no conlleva el elemento que es necesario en el pretendido delito, cual es el engaño". Además, la juez señala que el delito contra la Hacienda Pública no queda acreditado "en modo alguno" y el delito contra los derechos de los trabajadores "carece de virtualidad real (...) ni se ha demostrado que existe abuso de situación de necesidad".
Dos semanas antes de ser arrestado, Villena, junto a otras nueve personas había denunciado por prevaricación a la Subdelegación del Gobierno en Málaga por no admitir a trámite a 46 personas que "reunían todos los requisitos para que se les otorgasen los permisos de trabajo y residencia". Según Villena, a raíz de esta denuncia la policía detuvo a 17 personas relacionadas con la asociación ACOP. "Se da la paradoja de que el inspector de trabajo que investigó a las empresas relacionadas con ACOP fue nombrado luego jefe de la oficina de extranjeros y tiene que decidir sobre los permisos de trabajo y de residencia actualmente paralizados", se queja Villena. Además, "se suspendieron los permisos de trabajo y residencia concedidos a más de 300 personas gestionadas por ACOP, dejándoslas hasta la actualidad sin poder trabajar ni viajar a sus países", denuncia.
