Las incorrecciones históricas de un Estatuto reformado

Según los grupos políticos y sociales que la defienden, nuestra reforma estatutaria abre las puertas a un importante aumento, tanto en la calidad de vida como en el autogobierno de los andaluces, por lo que estoy convencido de que ello debe partir de un riguroso conocimiento de nuestra historia reciente.

Leído el preámbulo de la alta norma que la Cámara andaluza elevó a Cortes, como historiador deseo puntualizar una serie de cuestiones para evitar que tomen naturaleza de ley interpretaciones erróneas o datos mal documentados. Hace algunos meses, al hilo de la solicitud de revisión del sumario que condenó a muerte a Blas Infante, ya se abrió una intensa polémica al respecto al sacar de contexto determinadas palabras en referencia a la comisión creada el 5 de julio de 1936, para recuperar el proceso autonómico desde el ímpetu del Frente popular. Paso por ello, a comentar algunos datos.

El Pleno del Parlamento que nomina a Blas Infante con el título de Padre de la Patria Andaluza se celebró los días 13 y 14 de abril de 1983, y no del año de 1985 como se recoge en el texto. Puede comprobarse en la base de datos de la institución consultable a través de la misma web. Es más, podría apoyarse este reconocimiento también en el hecho de que el Congreso se ha adherido en idénticos términos (20 noviembre de 2002) y, más recientemente, nuestro legislativo autonómico le ha nombrado presidente de honor de nuestra autonomía. (10 y 11 de noviembre de 2004).

Un segundo punto se refiere a la controvertida denominación Juntas Liberalistas nominadas en plural por este investigador repetidas veces, también por desconocimiento. Recientes datos que he localizado documentan que este colectivo, republicano y heredero de los Centros Andaluces de la Restauración, se legaliza como entidad "política" ante el Gobierno Civil de Sevilla, el 29 de diciembre de 1931, registrándose en el registro de asociaciones en singular: Junta Liberalista (libro 24 de 1930-1932). Es más, esta interpretación en el número de las dos palabras aludidas y nombre del grupo nacionalista, sí parece correcta en el artículo 3.3 de la propuesta articulada. La misma que consta en todas las publicaciones de la histórica asociación. Y ojo, esto no quiere decir, que la vigente institución de autogobierno creada en abril de 1978: Junta de Andalucía, tome su nombre de dicha nominación histórica.

Un párrafo del preámbulo gira alrededor del impulso que cobra el movimiento autonomista durante la II República. Si bien la primera petición de autonomía para Andalucía está documentada en noviembre de 1918, cabría decir que en los años 1931, 1932 y 1933 existieron textos que fijaron las bases del futuro estatuto, siendo la Asamblea Regional Andaluza en enero de este último año el hito de máxima inflexión en todo el proceso. En 1933 no se "proyecta" un Estatuto como se alega, sino que el intento ya comenzó después del 14 de abril como está demostrado, de forma que la Junta Liberalista no "aprueba" en 1933, en todo caso registra, el himno tal y como hoy le conocemos en su versión a piano (a no ser que alguien aporte el acta de la entidad con dicho acuerdo). Me remito a las obras en las que he participado, El proceso autonómico de Andalucía durante la II República, así como El Ideal Andaluz en la Segunda República. La Asamblea Regional de Córdoba, editadas por la Fundación Blas Infante, así como otros trabajos míos en esa época y durante la Transición.

Dicha Junta Liberalista, no formó esa nombrada "pro-junta regional andaluza". En todo caso, y como está ampliamente demostrado, fue el conjunto de las Diputaciones andaluzas las que crearon en febrero de 1932 una estructura para dinamizar el proceso: Comisión Organizadora de la Asamblea Regional Andaluza. Incluso, cuando en 1936 tras el triunfo del Frente Popular se retoma el texto de 1933 realizado en Córdoba, tras un encuentro el 5 de julio en Sevilla "pro-estatuto", se elige una Comisión "pro-autonómica", que, entre otras cosas, retomaría para el debate las Bases de aquel año, crearía una comisión pro-autonómica que nombraría a Infante su presidente de honor, y convocaría para finales de septiembre un nuevo encuentro regional sobre el que sería muy arriesgado interpretar la existencia para entonces de articulado o de referéndum.

Un último, pero no por ello menos importante extremo, hace alusión al hecho de que la Guerra Civil fuera la causa que "rompe el camino a la autonomía". Es triste que sigamos atribuyendo en documento tan importante y en este año 2006 de la Memoria Histórica, todos los males de la República a la contienda fraticida y no, precisamente, a la ilegítima e inconstitucional insurrección golpista como causa primera de la misma.

Hago públicas estas consideraciones en el deseo de que la política sea siempre coherente con la labor histórica. Convencido de que, en este caso, ambas ciencias aún pueden ir de la mano. Si sus señorías -con la venia-, están de acuerdo.

Manuel Ruiz Romero es doctor e investigador experto en la historia de la autonomía andaluza.